Uruguay destina 11% del PIB al gasto público en pensiones

CAF-banco de desarrollo de América Latina- presentó el reporte “Los sistemas de pensiones y salud en América Latina – Los desafíos del envejecimiento, el cambio tecnológico y la informalidad”, un insumo fundamental para que los gobiernos encaren la difícil tarea de dotar de viabilidad a los sistemas previsionales del futuro.

El informe fue presentado por Guillermo Alves, economista principal de CAF y co-editor del reporte, y contó con la presencia de la ministra de Economía, Azucena Arbeleche; el ministro de Trabajo, Pablo Mieres; el presidente del Banco de Previsión Social, Hugo Odizzio; y el representante de CAF en Uruguay, Francois Borit. Los comentarios académicos estuvieron a cargo de Gonzalo Zunino, de CINVE, y de Ana Balsa, de la Universidad de Montevideo.

El reporte señala que Uruguay actualmente tiene un gasto público en pensiones y salud que supera el 17% del PIB. La recaudación del BPS y del FONASA cubre solo la mitad de dicho gasto, lo que implica que el resto debe ser cubierto con transferencias de rentas generales. Al mismo tiempo, los niveles de envejecimiento de la población local son los más altos de la región, con uno de cada siete uruguayos con 65 años o más, cifra que alcanzará a uno de cada 5 en 2050 y casi 1 de cada 3 hacia finales de este siglo. Este envejecimiento presionará al alza el gasto en pensiones y salud.

Ese diagnóstico se ve además agravado por un cambio demográfico que se dará a una velocidad considerable –lo que cierra el período ventana para hacer las reformas necesarias-, sumado a que la actual crisis económica y social derivada de la pandemia de COVID-19 dejará a la región con mayores niveles de endeudamiento y déficit fiscales.

Situación general

Uruguay destina actualmente alrededor de 11% del PIB al gasto público en pensiones, una relación que fue considerada en el informe como “alta”, tanto con relación al nivel de PIB per cápita del país como a su nivel de envejecimiento. Este gasto tiene una contrapartida en una elevada cobertura del sistema de pensiones, que alcanza a más del 90% de la población, y con un monto de prestaciones que se juzga adecuado para el nivel de ingresos generales del país.

En la región los índices de informalidad siguen siendo elevados, y si bien los de Uruguay están entre los más bajos, antes del impacto del COVID la informalidad en el país afectaba a aproximadamente 1 de cada 4 trabajadores. Además, también se dan trayectorias laborales discontinuas a lo largo de la vida del trabajador que afectan los niveles de cobertura de la seguridad social. Los trabajadores latinoamericanos (y Uruguay no es la excepción) experimentan transiciones muy frecuentes entre situaciones de registro y situaciones de no registro, ya sea por desempleo, informalidad o inactividad.

Al realizar una evaluación de la realidad de los diferentes países, el informe destaca que la situación financiera de los sistemas de pensiones tiene a Uruguay entre los que presentan mayores déficits, junto a Bolivia, Brasil y Chile. En el caso uruguayo, el déficit sobrepasa los 4 puntos del PIB. En cuanto a las causas de dicho déficit, el informe destaca la amplia cobertura del sistema, con montos de pensiones que superan criterios mínimos de suficiencia.

Si bien el costo fiscal de los sistemas de pensiones y salud en Uruguay se incrementará y pasará de un déficit de 7,5% en 2017 a uno de 9,9% del PIB en 2065, este incremento es menor al previsto para otros países la región que se encuentran actualmente en etapas más tempranas de la transición demográfica y experimentarán un envejecimiento más acelerado en los próximos años. Este escenario de proyección de déficit toma en cuenta el envejecimiento proyectado por Naciones Unidas y supone que las contribuciones y prestaciones se mantienen fijas en sus valores actuales expresados en términos de PIB per cápita.

Esta situación se torna más compleja debido a que en Uruguay no existe un espacio fiscal para aumentar los impuestos de forma significativa y, a diferencia del resto de los países de la región que tienen una mayor informalidad, Uruguay tampoco tiene demasiado margen para elevar los ingresos vía una mayor formalización laboral.

Para el país, las reformas deberán necesariamente encontrar la forma de contener el gasto en pensiones, al tiempo que se afronta el desafío de mejorar la eficiencia del gasto en salud. Estas acciones estarán asimismo condicionadas por la realidad del mercado laboral, que lidia con un proceso de envejecimiento de la población activa y niveles de informalidad que erosionan la base contributiva de los sistemas de protección social.