Siguen los problemas con Uragua

Los problemas suscitados con la concesionaria del agua potable y saneamiento en Maldonado (Uragua), no se agotaron con el pago efectuado el 10 de julio, del canon correspondiente al mes anterior.

En tanto quedan pendientes dos temas cruciales, según el integrante de la Comisión en Defensa del Agua y la Vida, Carlos Coitiño, ellos son la modificación del contrato hecha entre Uragua y OSE en diciembre de 2002, y el incumplimiento en las obras establecidas.

La multinacional española se comprometió a realizar construcciones en infraestructura por valor de U$S 150 millones, dos tercios de las cuales debían concretarse en un plazo de cinco años a partir de 2000. Sin embargo, sólo cristalizó una cifra mínima y Uragua pidió ampliación del tiempo. Hasta mediados de 2002 había invertido U$S 12 millones y, aduciendo una ecuación económica desventajosa enlenteció las obras, retrasando todo el cronograma.

Al momento, el detalle de demoras es: estación de bombeo Tacuarembó, paralizada desde mediados de 2002; interceptor Bulevar Artigas, también detenida su construcción a mitad del pasado año; ampliación de redes de saneamiento de Maldonado, iniciada, pero demorada su continuación; interceptor Península, todavía sin comenzar por falta autorización del Ministerio de Vivienda; saneamiento para Pueblo Obrero, sin iniciar; mejoras en la planta de tratamiento de líquidos residuales de Pan de Azúcar, sin empezar.

En diciembre del año pasado, Uragua inició conversaciones para modificar las condiciones del contrato, procurando hacerlo en cinco aspectos: postergación de obras; cambio de la paramétrica de ajuste tarifario; sustitución de garantía (pasando de un aval de U$S 20 millones en efectivo, por su valor en bonos a 5 años); pago del canon con papeles uruguayos por su valor nominal, en lugar de moneda estadounidense; disminución de la tasa regulatoria (creada para financiar una comisión control conjunta) del 2% al 0,2%.

OSE aceptó las tres últimas condiciones pedidas y desechó el diferimiento de las obras y la modificación de la pauta de fijación de la tarifa.

Sin embargo, el nuevo acuerdo con la empresa española se hizo con la opinión contraria del Tribunal de Cuentas (TC), de la propia oficina jurídica de OSE y sin garantías de que el ente podría pagar con los papeles que tomaba, al mismo valor nominal con que los aceptaba.

El TC, en resolución de la sesión del 19 de marzo de 2003, señaló «que por otra parte, y por tratarse de un aspecto objetivo, cabe que el Tribunal lo destaque, las modificaciones que se introducen, en lo que refiere a la nueva fianza bancaria y a la reducción de la tasa regulatoria  con excepción del pago del canon , no se efectúan en forma transitoria, mientras se mantenga el acto o hecho que generó la perturbación a juicio del concesionario, sino en forma definitiva, y no se especifica concretamente la relación entre aquellas y la variación de la ecuación económica, lo cual torna inaplicable la teoría de la imprevisión ya que como expresa Marienhoff, el acontecimiento que provoca el trastorno del Contrato debe ser de efectos ‘temporarios’ o ‘transitorios’ y en modo alguno ‘definitivo’ (cfe Miguel S. Marienhoff, Tratado de Derecho Administrativo, Página 522, Tomo III A)».

Por lo cual, «en suma, las modificaciones contractuales proyectadas, contravienen el principio de inmutabilidad de los Contratos de la Administración». El Tribunal entendió que no había circunstancias que propiciaran un cambio del contrato y menos que la innovación en los términos del contrato no fueran temporales.

El director blanco de OSE, Alberto Casas, presentó en la sesión del 2 de abril de 2002 una moción, que basándose en las observaciones del TC, propone «déjase sin efecto la modificación aprobada en diciembre de 2002 respecto del contrato celebrado entre OSE y Uragua SA». Sin embargo, la misma no fue tratada y la modificación del contrato original siguió adelante.

También, un informe de la Oficina Jurídica de OSE manifiesta su opinión contraria al cambio del acuerdo con la empresa española y lo hace basándose en las observaciones del TC.

Incluso, la propia Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en nota remitida el 9 de enero de este año y firmada por el director Ariel Davrieux, indica que ha iniciado «contactos» para que la administración pública tome a valor nominal los títulos de deuda uruguaya, aunque observa que se aceptarán dichos papeles «en la medida que el Tribunal de Cuentas no realice observaciones de carácter legal al mismo».

Razones

Coitiño afirmó que «este episodio esconde enormes responsabilidades políticas, algunas explícitas y otras no, en las que interviene de diciembre para acá, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la OPP con las cuales conversa en primera instancia Uragua para obtener beneficios de parte del Estado, en particular aquellos que rebajen sus compromisos económicos y de inversión, tal como estaba establecido en el contrato original».

Según el miembro de la Comisión de Defensa del Agua, «es también curioso, que cuando desde el gobierno se sostiene que la privatización de las empresas públicas arrojará precios más bajos, OSE debe devolver centenares de miles de dólares del canon que paga Uragua (lleva U$S 600 mil), para equiparar los costos más altos de la concesionaria respecto a los de la empresa estatal. En este modelo desarrollado (la concesión privada a una multinacional de origen español) queda demostrado que no puede producir debajo de los costos del ente público».

Coitiño añadió que tampoco la calidad del servicio es la prometida, ya que OSE encontro en el agua de la transnacional española colibacilos y coliformes fecales. Algo similar ocurrió, sostuvo el integrante de la Comisión, cuando hubo problemas con las playas de Punta del Este, porque Uragua hizo un by pass que volcó los residuos fecales en la costa esteña y lo realizó en plena temporada turística. «Uragua contribuyó a una mala temporada tirando mierda al agua de las playas», comentó Coitiño.

Seguidamente indicó: «Quiero aclarar que OSE endeudó al país en U$S 90 millones, que se terminarán de pagar en 2009 (cuyos servicios de amortización estamos abonando e implica el 60% del rubro presupuestal de inversiones que el ente tiene para todo el país), para que Uragua se instalara en el país».

Coitiño señaló fallas en el control de la concesión por parte del Estado. Liviandad, añadió que pueden «ocultar formas de corrupción, tal como señala Transparencia Internacional, se han dado en forma fuerte en los procesos de privatización de las empresas públicas».

Finalmente adjudicó el ocultamiento de la realidad, a la cercana realización del plebiscito por Ancap, pues el mismo se realizaría en un escenario, donde queda demostrada las desventajas de la privatización de los servicios públicos. *