Las políticas de mano dura, como la rebaja de la edad de imputabilidad, agravaron la violencia en América Latina
En los últimos años, la respuesta de los gobiernos frente a la delincuencia y el crimen organizado -sobre todo el narcotráfico- ha sido a través de políticas represivas como la rebaja de la edad punible y la militarización de las sociedades, según los informes «Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos» y «Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas», presentados por Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA).
«La falta de una adecuada respuesta del Estado ante la violencia y el delito en ocasiones ha conducido a (…) la estigmatización de personas o grupos» y favorecido la aparición de «grupos de ‘limpieza social’, como ‘escuadrones de la muerte’ o grupos parapoliciales y paramilitares», destacó el documento «Seguridad Ciudadana».
Según datos incluidos en los informes, mientras la media mundial es de unos ocho asesinatos por cada 100.000 habitantes, en América Latina las tasas promedios oscilan entre 20 y 30 por cada 100.000 en las regiones del Caribe, Sudamérica y Centroamérica -señalada por la ONU la zona más violenta del mundo sin conflicto bélico-.
«De cada diez homicidios en América Latina y el Caribe, siete son víctimas los jóvenes», lamentó Ortiz.
El asesor de Derechos Humanos del sistema de Naciones Unidas en Honduras, Antonio Maldonado, comentó por su lado que las medidas de «mano dura» no llevó a la reducción de la criminalidad, sino al «agravamiento de los problemas», por el aumento de la intolerancia y la limitación de libertades.
La violencia en América Latina «puede y debe ser revertida comenzando por asegurar los estándares de protección que requieren aquellas personas en especial situación de vulnerabilidad ante la violencia y el delito como son los niños y adolescentes«, advirtió Ortiz.
Además de los costos en vidas humanas, en América Latina la violencia impacta significativamente sobre la economía: se ha estimado que el costo de la violencia fluctúa entre el 2% y el 15 % del Producto Interno Bruto (PIB).
Entre las recomendaciones, los informes señalan «la necesidad urgente» de priorizar la prevención de la criminalidad y la violencia sobre aquellas políticas de exclusiva represión.
> Texto. Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos
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