Bordaberry propone meter a organizaciones religiosas y poner nuevas restricciones al aborto y la eutanasia

El senador colorado Pedro Bordaberry presentó un proyecto de ley que introduce modificaciones en dos de las legislaciones más sensibles de Uruguay: la interrupción voluntaria del embarazo y la eutanasia. La iniciativa propone garantizar cuidados paliativos gratuitos, incorporar evaluaciones de salud mental y permitir la participación de organizaciones dedicadas a promover alternativas al aborto dentro de las instituciones sanitarias.

El proyecto, denominado “Primero la vida: cuidados paliativos efectivos y gratuitos, y acompañamiento a la maternidad”, fue presentado a comienzos de octubre de 2026 y propone modificar tres normas: la Ley 20.431 de eutanasia, la Ley 20.179 de cuidados paliativos y la Ley 18.987 de interrupción voluntaria del embarazo.

Bordaberry sostiene que su iniciativa no pretende derogar los derechos establecidos por esas leyes, sino ofrecer alternativas “adicionales” a quienes enfrentan decisiones relacionadas con el final de la vida o la continuidad de un embarazo.

Sin embargo, las modificaciones propuestas también plantean interrogantes sobre la autonomía individual y el funcionamiento de los servicios sanitarios y preocupan a quienes ven la mano de grupos religiosos ultraconservadores detrás de esto.

Cuidados paliativos gratuitos antes de acceder a la eutanasia

Uno de los principales cambios propuestos consiste en garantizar que toda persona que solicite la eutanasia tenga acceso efectivo e inmediato a cuidados paliativos gratuitos, sin que la asistencia implique desembolsos económicos para el paciente o su familia.

La legislación vigente ya contempla el deber de informar sobre las alternativas terapéuticas disponibles. Bordaberry pretende ir más allá de esa obligación y establecer que los servicios paliativos sean ofrecidos de manera concreta, con disponibilidad asistencial real.

La gratuidad alcanzaría las tasas moderadoras, los copagos, las órdenes médicas, los traslados y la atención domiciliaria que formen parte de la asistencia paliativa.

El planteo busca evitar que las dificultades económicas o la falta de acceso a determinados tratamientos condicionen las decisiones de personas con enfermedades incurables o sufrimientos graves.

No obstante, la propuesta también abre una discusión sobre los recursos necesarios para garantizar esa cobertura universal y las obligaciones que asumirían los prestadores públicos y privados del Sistema Nacional Integrado de Salud. No aclara el legislador de dónde saldrían estos recursos.

Bordaberry pide agregar un requisito más para solicitar la eutanasia

El proyecto también propone incorporar obligatoriamente una evaluación realizada por un psiquiatra o psicólogo durante el procedimiento de solicitud de eutanasia. El profesional deberá determinar si el paciente cuenta con la aptitud psíquica necesaria para tomar la decisión y si su voluntad se expresa de manera libre, seria y firme.

El nuevo requisito de esta evaluación se sumaría a la intervención del médico responsable y del segundo médico consultante, ya contemplada en la legislación vigente. La propuesta establece que los profesionales deberán entrevistar personalmente al solicitante, analizar su historia clínica y emitir sus conclusiones dentro del plazo previsto de cinco días.

Actualmente, la reglamentación de la eutanasia ya contempla controles sobre la capacidad de decisión, la libertad de voluntad y la eventual presencia de depresión o confusión. La principal novedad sería convertir la intervención específica de un profesional de salud mental en un requisito general del procedimiento.

El cambio plantea una discusión sobre el equilibrio entre las garantías médicas y el derecho de los pacientes a tomar decisiones autónomas sobre el final de su vida.

Organizaciones ultraconservadoras podrían actuar dentro de las instituciones de salud

En materia de aborto, la iniciativa propone que todas las instituciones integrantes del Sistema Nacional Integrado de Salud deban aceptar la actuación de asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales y agrupaciones de voluntarios sin fines de lucro dedicadas al acompañamiento de la maternidad y la supuesta “defensa de la vida”.

Estas organizaciones, mayormente vinculadas a grupos religiosos ultraconservadores, podrían ofrecer gratuitamente orientación, contención emocional, acompañamiento y alternativas a la interrupción del embarazo, tanto antes como después de la decisión de la mujer. No se detalla en la propuesta del legislador colorado si estarían restringidos a mantener a la religión afuera de la ayuda que ofrecerían.

El proyecto establece además que el Ministerio de Salud Pública deberá crear un registro de estas organizaciones, mantenerlo publicado y comunicar periódicamente su contenido a las instituciones sanitarias.

La modificación no plantea eliminar el acceso legal al aborto, pero sí introducir nuevos actores dentro del circuito asistencial en el que las mujeres reciben información y atención.

Su eventual aprobación requeriría definir cómo se garantizarían la confidencialidad, la independencia del asesoramiento médico y el respeto de las decisiones personales, especialmente ante organizaciones que mantienen una posición institucional contraria al aborto.

¿La propuesta de Bordaberry restringe el aborto y la eutanasia?

Formalmente, el proyecto no elimina ninguno de los dos derechos reconocidos por la legislación uruguaya.

La Ley 18.987, aprobada en 2012, regula la interrupción voluntaria del embarazo bajo determinadas condiciones. Por su parte, la Ley 20.431, promulgada en octubre de 2025 y reglamentada en abril de 2026, permite solicitar la eutanasia a personas que cumplan requisitos médicos y legales específicos.

Sin embargo, que una modificación no derogue expresamente un derecho no significa necesariamente que carezca de consecuencias sobre su ejercicio.

En el caso de la eutanasia, una evaluación profesional adicional podría reforzar las garantías del consentimiento, aunque también sería necesario analizar sus efectos sobre los tiempos de acceso y la disponibilidad de especialistas.

En el caso del aborto, la presencia obligatoriamente admitida de organizaciones que promueven la continuidad del embarazo introduce una nueva dimensión en la relación entre las pacientes, los profesionales y las instituciones de salud.

La diferencia fundamental radica en que el proyecto no propone prohibir las prácticas, sino modificar las condiciones institucionales y asistenciales que las rodean.

Bordaberry apela a Tabaré Vázquez, Batlle y Ordóñez y al papa León XIV

La fundamentación del proyecto incorpora referencias a tres figuras de diferentes tradiciones políticas y religiosas: el expresidente frenteamplista Tabaré Vázquez, el histórico dirigente colorado José Batlle y Ordóñez y el papa León XIV.

Bordaberry recupera el veto que Tabaré Vázquez aplicó en 2008 a disposiciones sobre interrupción del embarazo incluidas en una ley de salud sexual y reproductiva. También utiliza reflexiones atribuidas a Batlle y Ordóñez sobre la protección de la maternidad y la infancia.

La incorporación de referencias al pontífice adquiere especial relevancia política por la proximidad de su visita a Uruguay, prevista para noviembre de 2026. Mediante estas referencias, el senador intenta presentar su iniciativa como una propuesta que trasciende las divisiones partidarias y religiosas, articulada alrededor de la protección de la vida humana.

Sin embargo, la utilización de Batlle y Ordóñez como respaldo a posiciones contrarias al aborto ya había generado controversias dentro del propio Partido Colorado.

Las diferencias dentro del Partido Colorado

Las posiciones de Bordaberry sobre el aborto y la eutanasia no representan necesariamente una postura compartida por todos los sectores colorados. En debates anteriores, dirigentes como Ope Pasquet defendieron la legislación sobre interrupción voluntaria del embarazo y la posibilidad de que las personas puedan decidir sobre el final de su vida en circunstancias de sufrimiento extremo.

Pasquet también cuestionó la interpretación que Bordaberry realiza del pensamiento de Batlle y Ordóñez, al considerar que no corresponde trasladar automáticamente sus reflexiones históricas a los debates legislativos contemporáneos.

Estas diferencias reflejan una tensión entre corrientes conservadoras y liberales del Partido Colorado, especialmente cuando se discuten derechos individuales, autonomía personal y el papel del Estado.

La nueva propuesta podría reactivar esas diferencias, aunque todavía es necesario conocer las posiciones que adopten los distintos sectores frente al articulado concreto.

Un debate que enfrenta distintas concepciones de los derechos

La iniciativa de Bordaberry coloca nuevamente en la agenda parlamentaria dos cuestiones que Uruguay ha regulado durante las últimas décadas: el derecho a interrumpir voluntariamente un embarazo y el acceso a la eutanasia bajo condiciones legalmente establecidas.

Desde la perspectiva del senador, las modificaciones buscan ampliar las posibilidades de acompañamiento y protección de personas en situaciones de vulnerabilidad.

Desde una perspectiva centrada en los derechos individuales, los cambios requieren examinar si las nuevas intervenciones institucionales respetan plenamente la autonomía de los pacientes y de las mujeres que consultan por un embarazo no deseado.

En particular, resulta relevante distinguir entre ofrecer alternativas voluntarias y establecer procedimientos que puedan condicionar el ejercicio de derechos reconocidos por la legislación.

El proyecto deberá recorrer el proceso parlamentario correspondiente antes de convertirse eventualmente en ley. Por el momento, las modificaciones propuestas por Bordaberry no forman parte de la normativa vigente.

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