Medicamentos a sobreprecio y aviones Hércules varados: la lista de irregularidades de la era García

El quinquenio de Luis Lacalle Pou dejó en el Ministerio de Defensa Nacional un tendal de contratos cuestionados, adquisiciones fallidas e irregularidades internas que derivaron en investigaciones judiciales, sanciones institucionales y pérdidas que se cuentan en decenas de millones de dólares.

Al frente de esa cartera durante la mayor parte del período estuvo Javier García, senador del Partido Nacional cuya gestión acumuló episodios que hoy son materia de expedientes judiciales, auditorías y debates parlamentarios. Antes de todo vale la pena aclarar que muchos de estos hechos siguen en investigación y no es un señalamiento a ninguna de las personas o entidades mencionadas.

La carne que pagó el MDN y nunca llegó

En octubre de 2022, una investigación de urgencia en el Servicio de Aprovisionamiento de la Armada concluyó que 34.936 kilos de carne de cerdo —equivalentes a 5.181.920 pesos— habían sido pagados por el Estado pero nunca ingresaron a las instalaciones navales. La cifra total del perjuicio fue estimada en 8,4 millones de pesos. El caso derivó en una denuncia judicial y en cuestionamientos a la supervisión de compras dentro del ministerio.

La denuncia recayó a fines de ese mismo año en la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de Segundo Turno, a cargo entonces del fiscal Ricardo Lackner. El expediente no tuvo actuaciones de importancia durante meses.

Las irregularidades no se limitaron a la carne. Auditorías internas revelaron que la empresa ganadora de las licitaciones de frutas y verduras presentaba un patrón sistemático: ofertaba precios muy por debajo de la competencia para ganar la adjudicación y luego los subía, sin respetar el compromiso de valores fijos durante un año que exigían los pliegos. Consultado públicamente, García señaló que la Armada había actuado correctamente al derivar el caso a la Fiscalía y subrayó que «hay independencia de poderes».

Seis gomones que hacían agua

En 2023 el Ministerio adquirió 6 botes inflables a 15.000 dólares la unidad. Todos resultaron defectuosos. Según informes internos, las embarcaciones «presentaban graves deficiencias que comprometen su operatividad»: filtraciones de agua y fallas de flotabilidad las dejaron fuera de servicio antes de poder cumplir su función de patrullaje.

El episodio se inscribió en una serie más amplia de compras navales cuestionadas que generaron investigaciones internas a lo largo del período.

Medicamentos a sobreprecio y sin habilitación sanitaria

Una auditoría de la Auditoría General de la Nación detectó que las cantinas militares vendían medicamentos adquiridos a precios superiores a los de referencia de mercado.

La venta se realizaba exclusivamente al personal militar y sus familias, sin transparencia suficiente y, durante un período, sin la habilitación del Ministerio de Salud Pública: la autorización provisoria recién fue obtenida en agosto de 2021. El mismo informe señaló falta de controles de stock y riesgos concretos de desvíos de fondos y pagos duplicados.

Las patrullas de Cardama: garantía falsa y 30 millones perdidos

Este es, por dimensión económica, el caso más grave del período. En diciembre de 2021, el presidente Lacalle Pou anunció la compra de dos patrullas oceánicas como pieza central del proceso de modernización de la Armada.

Dos años más tarde, en diciembre de 2023, García firmó el contrato con el astillero español Cardama, de Vigo, por un valor de aproximadamente 90 millones de dólares. En esa ocasión el ministro declaró que el acuerdo representaba «terminar con un proceso de 20 años de frustraciones».

La realidad fue diferente. Cuando el gobierno de Yamandú Orsi asumió en marzo de 2025 y encargó una comisión de seguimiento, los resultados fueron contundentes: la construcción de los buques estaba muy lejos de completarse. «En la Armada nos mintieron, nos dieron información incompleta o falsa», declaró uno de los integrantes del grupo. «Se adelantaron pagos de forma directa, ocultándoselo a la ministra«, añadió otra fuente.

La empresa garante del contrato, Eurocommerce, resultó ser una empresa de papel: dirección falsa y proceso de liquidación en curso. El gobierno rescindió el contrato y presentó una denuncia penal por estafa. Uruguay había pagado 30 millones de dólares. Cuatro miembros de la Armada fueron sancionados por irregularidades en el proceso. El caso expuso además que las advertencias del Banco Central sobre la garantía no habían sido debidamente procesadas antes de firmar.

Los aviones Hércules varados en el exterior

En diciembre de 2020, García anunció ante el Parlamento la compra de dos aviones Hércules C-130H al Ejército del Aire de España por 21 millones de euros más un millón adicional en repuestos, pagaderos en tres cuotas. Las aeronaves habían sido fabricadas entre 1975 y 1976. El ministro sostuvo que los aviones garantizarían «30 años de proyección en la Antártida, 30 años de proyección intercontinental, 30 años de extensión en búsqueda y rescate» y los calificó como «una negociación muy exitosa».

Los hechos posteriores contradijeron esa evaluación. Uno de los Hércules fue enviado a talleres de OGMA en Portugal para mantenimiento y permaneció allí cerca de 20 meses, cuando la proyección inicial era de 8 a 9 meses. El retraso obligó a Uruguay a contratar fletes privados —incluyendo aeronaves de matrícula rusa— para sostener la logística de la Base Científica Antártica Artigas, con costos elevados y complicaciones operativas que se extendieron por meses. El segundo avión quedó varado en Chile por fallas en uno de sus motores.

El Frente Amplio promovió una interpelación parlamentaria a García en septiembre de 2021, señalando que se habían gastado más de 26 millones de dólares en aeronaves de la década del 70 mientras se recortaba el presupuesto de Defensa y caía el salario real del personal militar. Durante la interpelación también se cuestionó que uno de los aviones tuvo que hacer escala de emergencia en Recife, Brasil, por un desperfecto en el sistema eléctrico durante el trayecto de entrega.

El propio sucesor de García en la cartera, Armando Castaingdebat, reconoció que «no fue una buena elección» mantener uno de los aviones en Portugal por tanto tiempo y que «el Uruguay compró lo que podía».

Pagos indebidos en el área de Material Naval

En mayo de 2022, García ordenó una investigación administrativa dentro de la Armada tras recibir una denuncia sobre el manejo ilícito de compensaciones salariales. El nuevo director general de Material Naval, al asumir su cargo, había notificado sobre pagos adicionales a funcionarios que, según la normativa vigente, no debían recibirlos.

En la lista de beneficiarios, la mayoría no ejercía las actividades habilitadas para acceder a esas compensaciones, sino que eran funcionarios vinculados al Estado Mayor, a la Prefectura Nacional Naval y a otras dependencias. La indagatoria derivó en sanciones a 8 oficiales, entre ellos el excomandante Carlos Abilleira, quien recibió 15 días de arresto a rigor.

Las irregularidades de COTEC

Al inicio del gobierno, en 2020, se alertó sobre irregularidades graves en la Comisión Técnica de la Armada, conocida como COTEC: inspecciones de buques realizadas de forma ficticia, pagos en negro a trabajadores sin cobertura social y viáticos que no tenían respaldo documental.

El caso involucró a ocho oficiales, incluyendo al entonces excomandante Carlos Abilleira. García impuso sanciones, pero el expediente expuso las debilidades estructurales de un organismo que, según los informes, había priorizado la relación con empresas privadas por encima de los criterios de eficiencia y control.

Vertical Skies: militares retirados, licitaciones y espionaje a senadores

La empresa Vertical Skies, con sede en Miami y fundada por militares retirados uruguayos, participó en varias licitaciones del Estado durante el período. Su CEO es Mario Panizza, exoficial del Ejército con 27 años de servicio y trayectoria en misiones de Naciones Unidas. Otros directivos de la firma también contaban con carreras en operaciones especiales del Ejército uruguayo.

En 2022 el Ministerio de Defensa adjudicó a la empresa una licitación de mochilas tácticas por 130.000 dólares. Ese mismo año, UTE —a través de la subsidiaria uruguaya de la firma, Lunacar S.A.— adquirió un dron para vigilancia de líneas de alta tensión por aproximadamente 750.000 dólares. El convenio implicó al Ministerio de Defensa, ya que el aparato sería operado por la Fuerza Aérea Uruguaya.

El escándalo estalló cuando se revelaron chats entre Marcelo Acuña, gerente de Vertical Skies, y el excustodio presidencial Alejandro Astesiano. En esos mensajes, Acuña solicitaba a Astesiano información personal sobre los senadores frenteamplistas Charles Carrera y Mario Bergara, aparentemente con el objetivo de presionarlos para que retiraran una denuncia vinculada a la concesión portuaria otorgada a la empresa belga Katoen Natie. Acuña fue imputado por espionaje.

García suspendió el proceso licitatorio del Ministerio argumentando «prudencia» ante la investigación judicial en curso. UTE también suspendió sus operaciones con la empresa, aunque la decisión generó tensiones internas en el directorio del ente. La firma cerró operaciones en Uruguay en 2022, en medio de las investigaciones.

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