Caso Cardama: La coalición decidió que Javier García interpelará a la ministra de Defensa

Tras una serie de consultas al interior de la coalición de gobierno anterior, se definió que el senador Javier García, del Partido Nacional, será el encargado de llevar adelante la interpelación a la ministra de Defensa, Sandra Lazo. La decisión se enmarca en la controversia generada por la rescisión del contrato con el astillero español Cardama. La oposición había anunciado esta medida parlamentaria, pero había demorado su concreción. La bancada del Frente Amplio, por su parte, consideraba la posibilidad de adelantarse y ser ella quien convoque a la secretaria de Estado si la demora se extendía.

La instancia se desarrollará en la Cámara Alta, donde el oficialismo posee mayoría. Fuentes de la oposición indicaron que esta decisión era la más natural, bajo la premisa de que, sin importar quién condujera la interpelación, la coalición de izquierda buscaría polarizar con el referente del Espacio 40. García fue ministro de Defensa durante gran parte del proceso de compra de los dos buques patrulleros, un hecho que añade una capa significativa al escenario político.

El senador García ha manifestado en declaraciones públicas que la decisión del presidente Yamandú Orsi de rescindir el contrato es “muy grave”. El exministro sostuvo que esta acción implica un retroceso de “años” y que, de esta manera, se regaló “el mar al narcotráfico”. Estas declaraciones han marcado el tono del enfrentamiento político que se anticipa en el Parlamento.

Cronología de una adquisición controversial

El escándalo empezó, en realidad, con la adquisición de dos patrulleras oceánicas (OPV) para la Armada Nacional, por un monto de aproximadamente 82 millones de euros. El proceso fue iniciado durante la administración de Luis Lacalle Pou y culminó en octubre de 2025 con una denuncia penal y civil por fraude y estafa presentada por el gobierno de Yamandú Orsi. La cronología se remonta a diciembre de 2021, cuando el entonces presidente Lacalle Pou anunció la licitación internacional para la compra de buques nuevos o usados.

En 2022, se recibieron ofertas de varios países, incluyendo una de China, calificada como la mejor técnica pero con un valor de 160 millones de dólares. También se presentaron propuestas de astilleros de Países Bajos y Francia. Sin embargo, durante este proceso, Estados Unidos ejerció presión diplomática en contra de la opción china, lo que generó cuestionamientos sobre la soberanía de la decisión. En enero de 2023, el llamado fue declarado desierto por exceder el presupuesto disponible.

Posteriormente, en abril de 2023, la Armada Nacional contactó de forma directa a varios astilleros. En julio del mismo año, se seleccionó al astillero español Francisco Cardama S.A. como la opción más económica, con una oferta de 82,2 millones de euros. Esta selección se produjo pese a existir objeciones internas del entonces jefe del Estado Mayor de la Armada, Gustavo Musso, quien recomendó otra opción y solicitó su retiro del proceso.

El contrato y las garantías cuestionadas

El contrato con el astillero Cardama se firmó finalmente el 15 de diciembre de 2023. El acuerdo estipulaba que la empresa debía presentar una garantía de fiel cumplimiento equivalente al 5% del monto total, unos 4,5 millones de dólares, en un plazo de 45 días. La entrega de las patrulleras estaba prevista para junio de 2025. El Estado uruguayo ya había desembolsado 30 millones de dólares como pago inicial a la empresa española.

A lo largo del año 2024, el astillero Cardama acumuló numerosas prórrogas para la presentación de la garantía definitiva, sumando hasta once meses de demora. Durante este período, la empresa presentó siete garantías diferentes, todas las cuales fueron rechazadas por la parte uruguaya debido a diversos incumplimientos. Entre los problemas detectados se encontraron vigencias insuficientes y el involucramiento de entidades financieras consideradas dudosas.

En octubre de 2024, se aceptó provisionalmente un aval de la empresa EuroCommerce LTD por un período de un año, a pesar de que el contrato exigía una cobertura de cuatro años. Esta aceptación se produjo incluso después de que surgieran advertencias desde el estudio jurídico Delpiazzo sobre la solvencia de la avalista. Esta decisión sería crucial para el desarrollo posterior de los eventos.

Orsi rescindió el contrato por las irregularidades

En 2025, con la garantía de EuroCommerce LTD ya caducada, una investigación profundizada por las nuevas autoridades reveló la verdadera naturaleza de esta empresa. La investigación determinó que EuroCommerce LTD era una “empresa de papel” que se encontraba en proceso de liquidación desde agosto de 2024. La compañía era propiedad de un ciudadano ruso, Vladimir Suzdalev, y operaba desde una oficina de una inmobiliaria en Londres sin actividad real demostrable.

Un informe de la Armada uruguaya, actualizado a finales de 2025, indicaba que el avance físico real en la construcción de las patrulleras era de apenas un 20%. Este porcentaje se encontraba muy lejos del 60% de avance que la empresa había estimado previamente. La discrepancia entre lo reportado y la realidad constatada elevó las alarmas dentro del gobierno de Orsi sobre la viabilidad del proyecto.

El 22 de octubre de 2025, el presidente Yamandú Orsi anunció formalmente la rescisión del contrato con el astillero Cardama, fundamentando la decisión en “fuertes indicios de fraude o estafa al Estado”. El 24 de octubre, el Ejecutivo presentó las denuncias penales y civiles correspondientes. El astillero se ha defendido, alegando que no ha incumplido sus obligaciones y ofreciendo una nueva garantía, pero el gobierno uruguayo exige que la resolución final quede en manos de la justicia.