Acusan a Javier García por presunto acoso laboral cuando era ministro de Defensa

El Ministerio de Defensa Nacional y la Inspección General del Trabajo se encuentran abocados a la evaluación de la conducta del senador y exministro Javier García. La investigación se origina en una denuncia formal por acoso laboral interpuesta por el capitán Nelson Duarte. El oficial incluyó en su reclamo a los exministros García y Armando Castaingdebat, así como al actual comandante en jefe del Ejército, el general Mario Stevenazzi, entre otros altos funcionarios.

El capitán Duarte, conocido públicamente como teniente Duarte, formalizó su presentación ante la Inspección General del Trabajo el 11 de diciembre de 2023. El organismo, en respuesta, intimó al Ministerio de Defensa a realizar una investigación administrativa interna. El propósito de esta indagatoria es determinar la veracidad de los hechos denunciados por el oficial, específicamente si existió un cuadro de hostigamiento laboral.

La cartera de Defensa inició formalmente dicha investigación en enero de 2025. Este proceso administrativo busca dilucidar las acciones ocurridas durante la pasada gestión ministerial de Javier García, actualmente una de las figuras más destacadas de la oposición.

 

Historial de denuncias en Defensa y persecución

La situación actual del capitán Duarte se enmarca en una extensa historia de reclamos dentro de la institución castrense. En 2014, el militar formuló una denuncia por graves irregularidades, un expediente que recién concluyó en 2020. Los resultados de aquella investigación confirmaron que una parte significativa de lo denunciado por Duarte era cierto.

No obstante, el desenlace afectó principalmente al denunciante. A partir de su presentación, Duarte comenzó a recibir sanciones disciplinarias, fue objeto de una innumerable cantidad de traslados y vio truncadas sus posibilidades de ascenso dentro de la escala jerárquica. Este precedente marca el contexto de su posterior denuncia.

En 2020, el capitán realizó una segunda presentación, esta vez sobre hechos presuntamente ocurridos en el Comando de Apoyo Logístico del Ejército. Como parte de su evidencia, el oficial filmó la descarga de cargamentos de presunto contrabando en las inmediaciones del escritorio de su jefe superior. Este acto desencadenó una nueva serie de eventos.

A raíz de esa denuncia de 2020, y a partir de septiembre de 2021, se obligó al capitán Duarte a permanecer en su domicilio, sin presentarse físicamente a su lugar de trabajo. Según consta en el expediente al que tuvo acceso Telemundo, esta situación se decretó mediante una orden verbal emanada del entonces ministro Javier García.

La existencia de esta orden verbal y su fundamentación se convirtieron en el eje central del caso. Juristas que analizaron los autos han discrepado en su interpretación, situando en este punto la definición de si las acciones configuran o no un caso de acoso laboral. La instructora de la investigación administrativa, la doctora Alicia Fagúndez, abordó este aspecto.

El propio senador García reconoció haber impartido dicha orden. Su defensa argumentó que se trató de una medida cautelar destinada a proteger la integridad del capitán Duarte. Sin embargo, la conclusión de Fagúndez señaló que la medida careció de la debida fundamentación jurídica, un factor crítico para su validez.

¿Qué pasará con Javier García?

En su resolución, la instructora Fagúndez determinó que “la medida cautelar no contó con la fundamentación adecuada a derecho”. Esta falta de formalización impidió al capitán Duarte ejercer su derecho a defenderse y demostrar un posible error, lo que constituye una violación al principio del debido proceso. Además, se destacó que una medida de esta naturaleza debe tener siempre un plazo definido y no puede ser “sine die” o indefinida.

Estas conclusiones fueron elevadas para su consideración a una asesora jurídica del ministerio, Daiana Maldonado. Su análisis divergió, entendiendo que sí existió acoso moral por parte de Javier García hacia Nelson Duarte. El acoso moral está tipificado como una de las formas que adopta el acoso laboral.

La asesora Maldonado consideró que las órdenes de no presentarse a trabajar durante un extenso período de tres años, sin plazos definidos ni asignación de tareas alternativas, resultaron degradantes. Sostuvo que estas acciones tuvieron un impacto psicológico severo, fueron reiteradas, abusivas y configuran acoso moral.

Posteriormente, Javier García recibió vista de este dictamen y presentó sus descargos. Alegó que la orden verbal le fue explicada al capitán Duarte y que este pudo haberla recurrido por la vía administrativa correspondiente, optando por no hacerlo. Tras sus alegatos, el caso pasó a otra asesora legal, la abogada Romina Soria.

El análisis de Soria concluyó que no hubo acoso laboral, pero sí identificó un “exceso en el ejercicio del poder de dirección” por parte del entonces ministro. La jefa de la división jurídica del ministerio, la abogada Carolina Grosso, avaló las conclusiones de Soria.

El dictamen final de la jurídica ministerial estableció que no se configuró el acoso laboral, pero sí hubo un exceso en el ejercicio del poder de dirección y del Ius Variandi, «debido a la prolongación en el tiempo de la medida adoptada (…) en cuanto a la proporcionalidad y razonabilidad de la misma”.

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