ANTEL

SUTEL rechaza la política del gobierno “mercantilizadora de las empresas públicas”

El Sindicato Único de las Telecomunicaciones (SUTEL) presentó una carta al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en la cual expresa su profundo rechazo a la política que el gobierno está llevando adelante basada en una orientación “mercantilizadora de las empresas públicas, en particular de ANTEL, y la falta de negociación colectiva real”.

SUTEL presentó una carta con sus reivindicaciones al presidente de la República.
SUTEL presentó una carta con sus reivindicaciones al presidente de la República.

Este viernes 3 de septiembre, la Mesa Ejecutiva de SUTEL entregó una misiva al presidente Lacalle en la cual resalta la importancia de las empresas públicas en Uruguay.

El sindicato de las telecomunicaciones remarca que el rol de los entes públicos es fundamental en nuestro país y tiene raíces históricas y han tenido como fin el desarrollo industrial y comercial del Estado, así como garantizar el acceso a toda la población de servicios de primera necesidad como la luz, el agua o comunicaciones, y a precios accesibles.

SUTEL recuerda que las empresas públicas transfieren sus ganancias a Rentas Generales, permitiendo la redistribución de sus recursos, aportando a la construcción de escuelas, hospitales, viviendas o el pago de salarios de maestros, médicos o policías, entre otros.

Además de que con las ganancias se invierten en el desarrollo de infraestructura.

El gremio entiende que las actuales políticas del Poder Ejecutivo “perjudican el desarrollo de las empresas públicas y en particular de ANTEL”

Portabilidad Numérica

SUTEL manifiesta que el Poder Ejecutivo y la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación (URSEC) “desconociendo la voluntad popular sigue adelante con el proceso de selección del administrador de la base de datos de todos los usuarios de servicios móviles, es decir, un cuarto operador), en el marco de la implantación de la Portabilidad Numérica, sin tomar en cuenta el proceso de referéndum que se ha habilitado a partir de la entrega de 800.000 firmas contra 135 artículos de la LUC”.

“Entendemos que se debió suspender el proceso de implementación de la portabilidad numérica hasta tanto se den a conocer las resultancias del recurso de referéndum por razones de seguridad jurídica y de buena administración”, considera SUTEL.

Asegura que la portabilidad numérica se impulsa “bajo la falsa promesa del derecho a ser el ‘dueño del número de teléfono’, o el erróneo concepto de ‘identidad digital’, lo cual significa un gasto millonario para el Estado (que el sindicato estima en seis millones de dólares), que debilita a la principal empresa de comunicaciones”.

“Entendemos que esta medida busca el beneficio de las grandes empresas multinacionales, de poder captar clientes y revertir la actual participación en el mercado de servicios móviles que tienen estas empresas privadas. Las cuales, además, están exoneradas de impuestos y no aportan como ANTEL más de 100 millones de dólares al año”, indica en su carta el sindicato.

También advierte que se está exponiendo al Estado a juicios millonarios, nacionales y eventualmente internacionales, en tanto la empresa seleccionada es de porte internacional.

Ley de Medios

Otro de los aspectos que SUTEL plantea en la carta que presentaron al mandatario se refiere al proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento en el que propone modificar la denominada “Ley de Medios”, en la cual el artículo 48 establece la obligación de ANTEL a brindar su infraestructura a diferentes operadores (en competencia) para brindar servicios de transmisión de datos.

Posteriormente, el Ministro de Industria, a través de ANTEL, presentó una modificación en la que se elimina la obligación de ANTEL a brindar acceso a su infraestructura permitiendo que las telefónicas también brinden acceso a infraestructura, a precios mayoristas. Pero manteniendo el derecho de los “cableros” a solicitar licencia para brindar servicios de transmisión de datos, “modificando las reglas de juego a favor de los privados”.

“ANTEL, siendo la mayor empresa de comunicaciones, casi la mitad de su facturación depende de la venta de servicios de conectividad, para lo cual como empresa pública, desde hace más de diez años viene invirtiendo millones de dólares (más de 450 millones de dólares) en el despliegue de fibra óptica, llegando prácticamente a todo el país y con un nivel de conectividad que nos coloca en las primeras posiciones a nivel regional y mundial”, remarca SUTEL.

Destaca que siendo una empresa eficiente y rentable, “estas modificaciones impiden que se amortice esa inversión y se siga con los despliegues para llegar a todo el país”. Sin embargo, la propuesta del gobierno se orienta a “favorecer a los grandes medios de comunicación”.

Rendición de Cuentas

Por otro lado, se hace mención a los artículos de la Rendición de Cuentas en los que se prevé la creación del Fondo Universal de Telecomunicaciones (FUT), con el objetivo de “garantizar la financiación del acceso universal a servicios de voz y de transmisión de datos e internet en todo el territorio nacional” el que funcionará en la órbita del Ministerio de Industrias, a través de la creación de un “Comité de Acceso Universal de Telecomunicaciones”  en el ámbito de la URSEC, cuya función será “administrar” el FUT.

“A través de este Fondo, cuya financiación es con dineros públicos, los operadores acceden a infraestructura para determinadas zonas, no definidas. Entendemos que este proyecto no garantiza la mejora de la conectividad para todos los usuarios ni el acceso universal a los servicios de comunicaciones y desconoce la inversión realizada por ANTEL como empresa pública con recursos públicos”, cuestiona el gremio.

También expresa que se desconoce “la realidad de nuestro país, ya que este instrumento no ha sido necesario debido a la presencia del operador estatal ANTEL, que ha asumido desde el año 2010 y a través de Universal Hogares, la misión de garantizar a todos los habitantes de nuestro país el acceso a los servicios de transmisión de datos e internet”.

SUTEL afirma que el Plan Universal Hogares, a través de diferentes soluciones, fibra óptica, cobre, inalámbrico y satelital, “ha logrado el objetivo de garantizar el acceso, pero además con servicios de calidad y a precios asequibles (gratuitos incluso)”.

El gremio advierte que, en realidad, lo que se busca con estos artículos incluidos en la Rendición de Cuentas, “es el acceso a la infraestructura de ANTEL, lisa y llanamente”.

Asegura que el acceso a la infraestructura de ANTEL “ya se había propuesto en el anteproyecto de la LUC, luego en la LUC, iniciativas que no prosperaron y se reeditan en el artículo 48 del proyecto de Ley de Medios a estudio en el Parlamento.

Aclara que ello es ni más ni menos que “obligar a ANTEL a compartir su infraestructura, obligándola a brindar acceso a las inversiones realizadas en fibra óptica fundamentalmente, en beneficio de operadores privados que no han invertido en nuestro país”.

Convenio colectivo

Otros de los planteos que SUTEL realiza a Lacalle es el referido al convenio colectivo de la Mesa Sindical Coordinadora de Entes.

En diciembre del año 2020 venció el convenio colectivo. Desde inicios de este año, los trabajadores están “perdiendo salario y no hay más que alguna promesa por parte del gobierno de tener alguna recuperación el próximo año”.

Sobre las Presupuestaciones, en la carta se indica que en el año 2020, luego de la veda electoral y tal como estaba previsto en el presupuesto de ANTEL, los trabajadores que habían ingresado a la empresa bajo el Contrato de Función Pública (mediante concurso abierto) habiéndose cumplido el plazo establecido y entendiendo que las tareas que realizan son de carácter permanente, podían pasar a ser presupuestados. Sin embargo, “el Poder Ejecutivo, a través de las autoridades de la empresa, resolvió en forma unilateral revocar la resolución, desconociendo lo acordado”.

Presupuesto de ANTEL

En referencia al presupuesto ANTEL 2020-2022, denuncian “recortes y falta de personal”.

El Poder Ejecutivo, a través un instructivo enviado desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a las empresas públicas, estableció un recorte presupuestal del 15% para el 2020 y un 5% adicional para el 2021, al cual se le adiciono un 3% extra para el año 2022. “Esta situación impacta negativamente en la operativa de la empresa, generando graves perjuicios en la calidad de los servicios”.

En el caso del denominado “rubro 0” (remuneraciones) si bien no está previsto ningún recorte, al eliminarse las vacantes del año 2019 se perdió lo “ahorrado” hasta el momento por la empresa, lo cual estaba destinado a los concursos internos, reconocimientos de títulos, ingreso de personal, regularizaciones de tercerizados.

Sobre el ingreso de personal estaba previsto la reposición de un tercio, “lo cual no se ha concretado, ni se han hecho los concursos pendientes, y afecta el mantenimiento de los servicios debido a la falta de personal”.

Te puede interesar

Te recomendamos

Publicá tu comentario

Compartí tu opinión con toda la comunidad

chat_bubble
Si no puedes comentar, envianos un mensaje