Senadores del MPP piden acceder a documentos de litigio de Aratirí contra Uruguay y participación de Alfie

Los senadores del Movimiento de Participación Popular (MPP), Alejandro Sánchez, Charles Carrera, Eduardo Bonomi, Sandra Lazo y Lucia Topolansky, enviaron este martes una petición a la Presidencia de la República para que se les dé acceso a los detalles de la participación del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, en el proceso legal entablado por la empresa minera Aratirí contra el Estado Uruguayo en instancias legales internacionales.

Esto se suma a la presentación de los representantes del MPP de un pedido de acceso a la información pública para acceder al expediente administrativo por el cual se otorgó la exoneración de impuestos a una empresa de Alfie, y cómo está integrada la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (COMAP).

Según el documento, que trascendió a la prensa, los senadores quieren acceder a la totalidad de las «actuaciones arbitrales» de Alfie en el juicio de la minera contra el Estado uruguayo, a fin de conocer cuáles fueron los argumentos del director de la OPP quien habría emitido criterios favorables a la empresa. Estas deposiciones del contador ocurrieron en enero de 2020, cuando ya había sido designado por Luis Lacalle Pou como director de la oficina estatal de planeamiento presupuestal.

En los archivos del juicio está incluido un informe de Alfie que fue citado de manera directa 27 veces, según informó en 2020 el semanario Búsqueda. Dicho informe, titulado Réplica sobre el fondo, y era una respuesta a la primera defensa que esgrimió Uruguay a la demanda.

La minera aseguraba que el gobierno le había de forma injusta beneficios fiscales para los cuales calificaban. Aratirí dijo que Alfie en su informe declaró que no tenía conocimiento «de ningún proyecto de dimensión comparable que no haya recibido los beneficios en Uruguay».

«Que Uruguay le denegara a la minera Aratirí esos beneficios y modificara el régimen legal por el que se rigen los beneficios fiscales disponibles para los inversores constituyen violaciones del Tratado», se lee más adelante en la argumentación de la demanda.

“Intentó forzar una sentencia condenatoria”

Alfie también declaró en su calidad de experto consultado que: «Dada la ley uruguaya, no encuentro motivos económicos y financieros para denegar la declaratoria de promoción de inversiones a Aratirí como tal. Con base en mi análisis y experiencia, de haber sido ministro de Economía y Finanzas, y quien terminaba firmando las resoluciones autorizando los beneficios fiscales, no advierto razones para negarlo, dada la reglamentación y práctica usual».

«Según se supo, el Cr. Alfie no pudo defender esa afirmación en Washington, cuando la defensa de Uruguay le muestra la existencia de una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) que decía exactamente lo contrario», escribieron los senadores del MPP en su solicitud a Presidencia, rememorando un fallo de dicho Tribunal a favor del Estado.

Antes de que se hicieran públicos los informes, añadieron los legisladores, «la ciudadanía podía tener cierta duda acerca de si Alfie había actuado con ética, honorabilidad, objetividad, profesionalidad y patriotismo al aceptar la propuesta de contratación por parte de Aratirí», pero que ahora quedó en evidencia la «verdadera» actuación del contador Alfie, quien «lisa y llanamente faltó a la verdad frente a la ciudadanía, a quien hizo creer que su declaración era meramente descriptiva y no afectaba los intereses de Uruguay».

Alfie «intentó forzar una sentencia condenatoria contra todos los uruguayos (o, quizás, ‘El Cr Alfie asesoró activamente a la parte actora en un proceso arbitral que, a pesar de no tener sustento alguno, podría haber perjudicado al Estado uruguayo por valor cercano a los 3.660 millones de dólares’)», continuaron los senadores frenteamplistas.