Frente Amplio denuncia política del Gobierno de “desgaste” de las empresas públicas

Luego de la reunión de la Mesa Política de este viernes 13 de noviembre, Miranda manifestó a la prensa que al Frente Amplio le preocupa el cambio de la metodología para el análisis de los precios de importación de combustibles, sin tener en cuenta variables planteadas por técnicos de ANCAP.

“Hemos visto que hay una tendencia a decir que el Precio de Paridad de Importación (PPI), como lo calculó la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (URSEA) implica diferencias con los técnicos de ANCAP y costos importantes para el ente autónomo que implicaría una pérdida de 117 millones de dólares por año”, cuestionó.

Días pasados, la URSEA publicó un informe con la nueva metodología del Precio de Paridad de Importación que pasará a ser la referencia para el valor de los combustibles. La brecha entre el valor de paridad de importación de las naftas y el precio al público es de 1,36 pesos. Pero URSEA recibió críticas de ANCAP por lo considerado como costos financieros, por cobertura de stock y por la mezcla obligatoria de biocombustibles, informó La Diaria.

Miranda manifestó que en los precios de los combustibles existen tres aspectos: “el costo de refinado, los dividendos que obtienen distribuidores y proveedores, y el componente tributario”.

Remarcó que los dividendos y tributos implican el 68% del precio de las naftas.

“No parece que la baja del precio de los combustibles debiera realizarse por el lado de la metodología de cálculo del Precio de Paridad de Importación. Discutamos la baja de combustibles, que parece algo razonable, pero no en detrimento de la empresa pública”, cuestionó.

ANTEL

Por otro lado, dijo que la intencionalidad política en detrimento de las empresas públicas, se puede apreciar también en el “desgaste” de ANTEL.

“El artículo 48 del proyecto de Ley de Medios Audiovisuales establece la posibilidad que los operadores privados de cable utilicen la infraestructura de ANTEL, para transmitir Internet y datos, obligando a la empres pública a prestar servicios a quienes van a competir con ella”, cuestionó.

“Es decir, hay una política del gobierno de debilitamiento de las empresas públicas”, sentenció Miranda.