AUDITORÍA

Crysol cuestiona auditoría del Gobierno a Oficina de Víctimas del Terrorismo de Estado

La Asociación de ex presos y ex presas políticas del Uruguay Crysol criticó la auditoría realizada por el Gobierno sobre el funcionamiento de la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo de Estado, porque aseguran existió un “muy mal manejo de la normativa vigente”, y manifiestan que se les deben las disculpas del caso.

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En las últimas horas el Gobierno difundió los resultados a las auditorías que realizó a distintos organismos estatales.

Crysol se refirió a la observación sobre la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo de Estado.

“Considerada por el gobierno de criticidad extrema, señala que se proporciona indebida asistencia a cónyuges, concubinas y viudas. Se entiende, en criterio que compartimos, que las mismas no están contempladas específicamente ni en la Ley 18.033 ni en la Ley 18.596 para recibir dicho beneficio”, indica Crysol.

Pensión de Sobrevivencia

Sin embargo, asegura que el informe del Gobierno “pierde firmeza jurídica y fundamento al no tener presente un elemento crucial, ya previsto en la misma norma 18.033”, por lo que la auditoría “desconoce la normativa”.

Crysol aclara que “cuando un ex preso político fallece, su viuda, su cónyuge o concubina tiene derecho a percibir una ‘Pensión de Sobrevivencia’ que debe solicitarse ante la Comisión Especial de la Ley 18.033 en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”.

Los ex presos políticos remarcan que al adoptar una decisión a su favor, mediante resolución expresa de la Comisión, “dicha persona pasa a ser beneficiaria directa de la Ley 18.033 y por lo mismo a tener derecho a la atención en salud tal como lo señala el artículo 10 de la Ley 18.596”.

Sin sustento legal, equivocado y falta de profesionalismo

Manifiestan que el cuestionamiento que se le realiza a la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo de Estado por brindar la atención en salud a las viudas, cónyuges y concubinos “no tiene sustento legal, es equivocado y demuestra absoluta falta de profesionalismo”.

Recuerdan que la Comisión Especial de la Ley 18.033 está presidida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social  desde diciembre de 2006, y está conformada por un representante del Ministerio de Economía y Finanzas, otro del Banco de Previsión Social (BPS), además del PIT-CNT y de Crysol.

La organización remarca que la “verificación fehaciente de los peticionantes para comprobar el carácter de cónyuge y concubino es realizada por el BPS mediante procedimientos normatizados para que se expida la Comisión Especial de la Ley18.033”.

Show mediático

“El show mediático gubernamental de las auditorías no nos inquieta ni nos conmueve. Nuestra mayor preocupación es que este informe incompleto pueda poner en riesgo u obstaculizar, como ya pasó hace dos años, el mantenimiento de la atención en salud, tan necesaria, de este grupo social, muy acotado numéricamente y de avanzada edad”, indica Crysol.

También expresan que la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo de Estado “ha cumplido con la normativa vigente y no merece ningún reproche”.

Manifiestan que “están nuevamente en falta quienes vienen realizando estas auditorías con manifiesta animosidad hacia la Ley desde hace un par de años y hacia la propia Oficina”.

Recuerdan que por diferentes razones, en los últimos dos años, “mediante otra auditoría errónea, la atención que se brinda en todos los aspectos se ha visto permanentemente obstaculizada y muy deteriorada”.

Asimismo, Crysol se ha reunido con el director General de Secretaría, Gustavo Cardoso, para encontrar “soluciones rápidas y eficaces, tanto en lo referido a la atención psiquiátrica y psicológica, como en los demás aspectos referidos a la atención odontológica, auditiva y oftalmológica”.

Mal manejo de la normativa vigente por parte de las auditorías

“Este muy grueso error detectado en la auditoría difundida, contradice claramente la afirmación de la señora ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, de que han ‘encontrado un mal manejo de los fondos que son de todos los uruguayos’”, denuncia Crysol.

Arbeleche dijo también, en conferencia de prensa que en a través de las auditorías encontraron que “en muchas actuaciones se apartaban de la normativa, estaban en contra de la normativa vigente o no había una normativa que habilitaba esas actuaciones”.

Ante tales afirmaciones, Crysol manifiesta que en este caso no ha quedado acreditado.

“Por nuestra parte hemos constatado y documentado un muy mal manejo de la normativa vigente por parte de quienes realizan las auditorías, en reiteración real, y perjudicando el normal funcionamiento de los servicios y a los usuarios. Deben las disculpas del caso”, remarcó Crysol.

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