Justicia argentina continúa con el caso de Correo Argentino contra el Grupo Macri

La Corte Suprema de Justicia ratificó la continuidad de la causa Correo Argentino y rechaza intento de apartar jueces

La máxima instancia judicial en Argentina, la Corte Suprema de Justicia, rechazó un pedido de la defensa de empresarios vinculados al Grupo Macri que buscaba apartar a dos jueces en la causa que involucra a Correo Argentino.

Los abogados argumentaban que los magistrados tenían prejuicios contra Mauricio Macri, señalando una supuesta falta de imparcialidad, pero la justicia suprema afirmó que la causa continúa en marcha y negó la pretensión procesal, restándole fuerza a esa estrategia de obstáculos.

El origen del conflicto: la millonaria condonación del Estado en 2016

El capítulo central de esta disputa remonta a 2016, cuando el mismo gobierno de Mauricio Macri firmó un acuerdo con Correo Argentino, empresa que en su momento fue controlada por la familia presidencial.

Según informó la agencia NA, en esa ocasión, el Estado argentino decidió condonar una deuda significativa a la compañía, perdonándole aproximadamente el 98% del monto adeudado. La operación despertó críticas por la percepción de que se favoreció a una empresa vinculada a la familia del entonces presidente.

Implicados y cargos en la causa de Correo Argentino

En el centro de la investigación se encuentran Jaime Cibils Robirosa, quien en ese momento ejercía como presidente de Correo Argentino, junto a su abogado, Jaime Kleidermacher. Además, son acusados el exministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y Juan Manuel Mocoroa, quien trabajaba en temas legales en ese ministerio.

La fiscal Gabriela Boquin fue quien detectó la maniobra y presentó la denuncia, calificando el acuerdo como una decisión «ruinosa» para el Estado, ya que representaba una transferencia de fondos públicos hacia una empresa vinculada a la familia presidencial. La fiscal logró evitar que la condonación se concretara, frenando la operación antes de que se implementara.

La estrategia de la defensa y su rechazo por los tribunales

Los abogados defensores intentaron desde varias instancias apartar a los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico, alegando prejuicios en su contra y señalando que el proceso revestía un tinte político destinado a «poner de rodillas» a Macri.

Sin embargo, tanto la Cámara Federal como la Cámara de Casación descartaron esas acusaciones de parcialidad y reafirmaron que los jueces estaban actuando dentro del marco de la ley. Ahora que todos los ojos están en Argentina gracias al contexto político y judicial escándalo, parece que en el poder judicial deciden actuar como personas de bien.

La Corte Suprema, en la misma línea, les negó el recurso y, además, les impuso una multa, obligándolos a depositar una suma de dinero por recursos sin fundamento y con el objetivo de disuadir nuevas dilaciones judiciales.

El avance de la causa y el futuro del proceso

Actualmente, la causa se encuentra bajo la responsabilidad del juez Ariel Lijo, quien lleva investigando desde 2017.

La decisión de la Corte Suprema implica que los acusados deberán responder en juicio en condiciones normales, sin la posibilidad de usar nuevas maniobras legales para evitar las acusaciones

La acción penal sigue en marcha y apunta a esclarecer las responsabilidades en uno de los casos de corrupción que más impacto ha tenido en el espectro político y judicial del país.