campos de concentración en el salvador

Torturas, estrangulamientos y vejaciones a inocentes: la violenta política de mano dura de Bukele en El Salvador

Un informe de una ONG de derechos humanos en El Salvador registró cientos de detenciones irregulares, violaciones y todo tipo de atropellos en cárceles que se parecen más a campos de concentración.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Foto: Gobierno de El Salvador
Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Foto: Gobierno de El Salvador

En su cuarto año de gobierno, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha mantenido al país en estado de excepción desde el 1° de junio. A pesar de haber transcurrido más de un año desde ese decreto, la ONG salvadoreña Cristosal ha publicado un impactante informe que expone las condiciones inhumanas que sufren los presos en el país.

Las promesas del presidente Bukele de que las prisiones ya no serían los cuarteles generales de las pandillas, donde no habría fiestas, drogas, grafitis, prostitutas ni órdenes de asesinato, parecen no haberse cumplido.

De acuerdo con David Morales, jefe de justicia transicional de Cristosal, las cárceles, desbordadas de presos que llegaron sin haber pasado por un debido proceso judicial, se han convertido en “campos de concentración”. Su informe revela una grave crisis de derechos humanos en el sistema penitenciario.

Morales afirma contundentemente que la población privada de libertad bajo el régimen de excepción se encuentra en condiciones que pueden ser equiparadas a los campos de concentración. Las personas sufren un hacinamiento extremo, ya que celdas diseñadas para albergar a 15 o 20 personas ahora albergan a más de 100 e incluso 200 individuos.

Además del hacinamiento, los presos no reciben suficiente alimento y el que se les proporciona está contaminado. Son víctimas de golpizas y se han denunciado casos de torturas eléctricas. No se les suministran medicamentos a aquellos que padecen enfermedades crónicas, ni se les brinda atención médica adecuada. Como resultado, se han registrado casos de personas que fallecieron debido a la falta de atención médica oportuna.

Víctimas inocentes que no son maras y falta de registros en la Justicia

A pesar de que algunas de estas muertes presentan indicios de violencia y podrían tratarse de ejecuciones extralegales dentro de las cárceles, no se tiene constancia de que la Fiscalía General esté investigando dichos casos, denuncia el jefe de justicia transicional de Cristosal.

El informe de la ONG resalta que muchos de los detenidos no son miembros de las maras. A lo largo de este año bajo el régimen de excepción, se ha constatado que miles de personas son detenidas arbitrariamente sin tener relación con las pandillas.

Algunos testimonios de personas que han estado encarceladas y que, después de varios meses, han sido liberadas, revelan que estuvieron recluidas en celdas donde solo entre el 10% y el 30% de los detenidos eran miembros de pandillas, mientras que el 50% al 70% restante eran personas que no tenían ningún vínculo con las pandillas.

Según los registros, se documentaron al menos 153 muertes bajo custodia del Estado, entre el 27 de marzo de 2022 y el 27 de marzo de 2023. De estos, 29 fueron muertes violentas y otros 46 por “probable muerte violenta” o sospecha “de criminalidad”.

Reportes de muertes por causas que no coinciden con lo que se ve en los cadáveres

Se detalla la asfixia mecánica o por inmersión en agua como uno de los métodos de tortura más utilizados por las fuerzas carcelarias contra los detenidos, algo que tristemente recuerda a los métodos más usados por militares y policías durante la sangrienta guerra civil entre 1970 y 1992. Da mucha tristeza ver que el Estado ha recurrido nuevamente a las detenciones arbitrarias y torturas en nombre de la seguridad nacional”, dijo Noah Bullock, director de Cristosal.

Otros cadáveres presentaron señales de tortura, como un caso de un joven de 32 años que fue entregado muerto a sus familiares y, tras una autopsia, se determinó que había fallecido por “trauma cerrado de tórax severo tipo contuso”. Tenía golpes de gran fuerza en un codo y un antebrazo y también golpes contundentes en la cabeza.

En no pocos casos, las causas de muerte escritas en sus informes no coinciden con las condiciones paupérrimas en que fueron entregados los cuerpos a las familias. En muchos, apenas dice «muerte súbita», o se les dieron los cadáveres en ataúdes cerrados, para que no pudiesen verse.

Por ejemplo, una mujer de 42 años murió de un “choque séptico por inmunosupresión causada por carcinoma nasal”, una especie de ahogamiento a causa de un tumor, según la autopsia; pero su familia nunca supo que padecía de cáncer.

También hay reportes de cuerpos que estarían siendo enterrados en fosas comunes sin avisar a los familiares, lo que podría estar causando un subregistro numérico. “Un hombre de 45 años con discapacidad intelectual fue trasladado fallecido a Medicina Legal con apellidos distintos por lo que fue sepultado en una fosa común en el Parque Memorial (Cementerio) La Bermeja. La esquela del reconocimiento médico legal establece que murió a consecuencia de ‘edema pulmonar’; sin embargo, las fotografías forenses muestran que el cadáver presentaba edemas en el rostro. Personas entrevistadas informaron que fue golpeado dentro del penal donde estaba recluido, recibió patadas en el estómago que le provocaron que expulsara sangre por la nariz y boca, lo que provocó que perdiera la movilidad y no pudiera comer; no recibió atención médica”, dice el informe de Cristosal.

 

 

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