«Lawfare», la utilización del aparato judicial como arma política

Lawfare es el término en inglés que se usa cada vez más para denominar a la supuesta politización del poder judicial.

El fenómeno lawfare implica el uso indebido de herramientas jurídicas para la persecución política, el uso de la ley como un arma para generalemnte destruir al adversario político por la vía judicial.

Un video publicado por «No lawfare» señala que ese método «combina acciones que parecen legales con una cobertura mediática que ejerce presión sobre el adversario y su entorno, haciéndolo vulnerable a acusaciones sin pruebas».

«Al poder judicial se lo combina con un rol importantisimo de los medios de prensa que accionan sobre la opinión publica» y «lo que se busca es que el adversario pierda apoyos y que no disponga de posibilidad de reacción».

El video recuerda que actualmente ese mecanismo «está siendo utilizado a escala mundial en gobierno con proyectos neoliberales para distraer y dividir a los sectores sociales que se ven afectados críticamente por estas políticas».

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Lawfare en el caso Lula

Desde que comenzó el proceso contra el exmandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, su defensa ha denunciado la existencia de un lawfare para culpabilizar a Lula y evitar que pueda ser candidato en las elecciones presidenciales de octubre.

En este caso el discurso que legitima la eliminación del enemigo político, Lula, es el de la corrupción, y Sergio Moro, el juez que conduce el Lava Jato y condenó al expresidente, es el héroe que podría “sanear” la política brasileña.

Para la defensa de Lula su caso muestra diversas adulteraciones judiciales al Estado de derecho utilizado con fines políticos.

Un artículo publicado hace unos meses por TeleSur señala algunos ejemplos que evidencian que Lula está siendo víctima lawfare.

«En la sentencia condenatoria y durante todo el período de instrucción y tramitación que lleva el expediente, se han deformado: 1) el estado de inocencia; 2) la imparcialidad del juez; 3) las motivaciones (doctrinarias) en las decisiones jurídicas; 4) la prohibición de pruebas ilícitas; 5) el principio de la isonomía (el concepto de igualdad de derechos civiles y políticos de los ciudadanos); 6) la publicidad de los actos procesales; 7) la amplia defensa; 8) la exigencia de natural jurisdicción», expresa el mencionado artículo.

También agrega que se suman otras cuestiones como: «a) el abuso de la conducción coercitiva a declarar; b) la prisión preventiva; c) la utilización de pruebas selectivas e indicios parciales; d) el uso de arrepentidos en condiciones extremas».

El texto de TeleSur, firmado por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, señala que la sentencia en primera instancia de Sergio Moro, como lo sugieren diversos juristas, «muestra el modo en que se construye una condena de ‘excepción’, en el marco de un estado de excepción».

Y ejemplifican que la acusación principal, en el marco del Lava Jato, está vinculada al caso del “apartamento triplex en Guarujá” por el que finalmente fue encarcelado Lula por «corrupción pasiva». Y advierten que «ninguno de los setenta y tres testigos que se presentaron en las veintitrés audiencias brinda información que corrobore dicha presunción».

A su vez recuerdan que el caso de Lula fue programado para su sentencia en segunda instancia para el 24 de enero, tras ser «puesto en primer lugar frente a siete expedientes que estaban a la espera de trámite de fecha para formalizar los juicios por acciones relacionadas con Lava Jato».

En ese entonces los organismos oficiales argumentaron que no es necesario “llevar un orden cronológico” de las causas, pero para los defensores de Lula el objetivo era claro: adelantar la ratificación de la sentencia para eliminar la posibilidad de que Lula se presente a elecciones presidenciales.

Más acá en el tiempo, y ante el rechazo de la justicia brasileña del recurso de habeas corpus para evitar la prisión preventiva de Lula, su defensa argumenta como una acción más del lawfare contra Lula el hecho de que no se haya preservado su presunción de inocencia hasta que se agotarán las instancias judiciales para comprobarla, como lo establece la constitución de ese país.