Instituto de la Familia y de la Mujer: sin dirección ni presupuesto

A más de cuatro meses de instalado el nuevo gobierno, la dirección del Instituto de la Familia y la Mujer –dependiente del Ministerio de Educación y Cultura– continúa sin ser nombrada, a pesar de las innumerables gestiones realizadas por esta Comisión y las 59 organizaciones de mujeres que la integran.

Más grave aun es que no haya información sobre la elaboración de su presupuesto quinquenal.

El gobierno uruguayo, en la IV Conferencia de Naciones Unidas sobre la Mujer de 1995 en Beijing, suscribió la Plataforma de Acción Mundial, donde entre otros postulados se establece que:

«Los mecanismos nacionales para el avance de las mujeres son los organismos centrales de coordinación de políticas de los gobiernos. Su tarea principal es prestar apoyo a la incorporación del concepto de igualdad entre mujeres y hombres en todas las esferas de la política y a todos los niveles de gobierno… y asegurar que la responsabilidad para el avance de las mujeres sea ubicada al nivel gubernamental más alto posible, tal como en el gabinete ministerial».

En 1995, cuando la Conferencia de Naciones Unidas sobre la Mujer establecía estos compromisos, el Uruguay asumía sus responsabilidades frente a la necesidad de políticas institucionales para el avance de las mujeres.

Sin embargo, este avance resultó sólo declarativo. El Instituto de la Familia y la Mujer carecía de presupuesto y jerarquía institucional como para promover políticas estatales y públicas tendientes a eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres en la sociedad uruguaya.

El Poder Ejecutivo –y en particular el Ministerio de Educación y Cultura– no han mostrado voluntad política para fortalecer este Instituto en su calidad de impulsor del avance de las mujeres.

La situación actual, que muestra un Instituto sin dirección y presupuesto, remite a un retroceso inaceptable.

Mientras que en las declaraciones y conferencias, Uruguay sigue acompañando los postulados éticos de Igualdad, Desarrollo y Paz, que se fijaron en 1995, en la práctica, el Poder Ejecutivo se desentiende de la construcción de políticas que hagan posible que esos postulados se traduzcan en la convivencia cotidiana de la sociedad uruguaya.

Las mujeres constituimos el 52 % de esta población. Deseamos y necesitamos acciones y políticas para que la equidad en todos los terrenos de la vida, la economía, el trabajo, la salud, la educación y una vida sin violencia, sean una realidad.

Las organizaciones de mujeres aspiramos a vivir en un Uruguay sin exclusiones de ningún tipo y junto a múltiples y diversas instituciones de la Sociedad Civil, trabajamos a diario para afianzar redes ciudadanas que rescatan la creatividad y la capacidad voluntaria de una sociedad que se asume plural y múltiple y acepta los desafíos del futuro.

Porque creemos que la democracia es una cultura de diálogo, pero también de rendición de cuentas, tenemos el derecho y la obligación de exigir que el Gobierno Nacional se haga cargo de los compromisos asumidos a nivel internacional. No aspiramos sólo a que se designe una persona competente para el cargo y la responsabilidad que la tarea significa para con más de la mitad de la población de este país, sino que se asignen los presupuestos adecuados para desarrollar técnica y políticamente la reformulación de políticas basadas en la equidad de los géneros».

Por la Coordinación Ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguimiento de los Compromisos de las Conferencias de Naciones Unidas sobre la Mujer y por las 59 organizaciones no gubernamentales que representan, firman:

Cristina Grela,

Olga Traba,

Alma Espino,

Leonor Rodríguez,

Lilián Celiberti,

Graciela Sapriza,

Kika Casas,

Teresita Varela,

Solana Quesada,

Silvana Bruera,

Mariana González.