CRISIS DE ABUSOS

Sierra Leona declara la violación sexual como emergencia nacional

El presidente Julius Maada Bio decretó penas de prisión más fuertes para violadores de menores luego de que los casos de violencia sexual reportados se duplicaron en 2018.

Julius Maada Bio, presidente de Sierra Leona. Foto: Facebook
Julius Maada Bio, presidente de Sierra Leona. Foto: Facebook

En el país africano de Sierra Leona, ubicado entre Guinea y Liberia, los casos de abusos sexuales se han multiplicado hasta alcanzar cifras realmente alarmantes. En días recientes trascendió la noticia de una niña de cinco años de edad que quedó paralítica después de ser abusada por su tío de 28 años de edad.

“Puede que nunca vuelva a caminar, y quiero vengarme por lo que ha sucedido”, dijo su abuela. “El hombre que hizo esto arruinó su vida y merece pasar su vida en prisión”, agregó.

Su caso ha indignado al país, donde los casos denunciados de violencia sexual y de género casi se duplicaron el año sobrepasando los 8.500 reportados, siendo una gran parte de las víctimas menores de edad.

Pero los activistas, incluida la esposa del presidente Julius Maada Bio, Fátima, dicen que las cifras reales son mucho más altas ya que la mayoría de los casos nunca se denuncian.

Emergencia nacional

Debido a lo anterior, el presidente Bio declaró este jueves los abusos sexuales como una emergencia nacional. En una declaración dada al país, el mandatario dijo que cada mes se denuncian cientos de casos de violaciones y agresiones sexuales contra mujeres, niñas y bebés, y aseguró que algunas víctimas mortales eran tan jóvenes como bebés tres meses. Además aseveró que el 70% de las sobrevivientes tienen menos de 15 años.

“Mi gobierno se asegurará de que los hombres que violan no tengan lugar en la sociedad y también cualquier hombre que viole será encarcelado para siempre, de modo que una sola violación se convierta en la última violación”, dijo el presidente.

La penetración sexual a menores de edad son ahora sancionables con cadena perpetua. Hasta ahora, la ley contemplaba una pena máxima de 15 años, y muy pocos casos han sido procesados en la historia del país.

Los casos se han disparado en este país de 7.5 millones de habitantes: en 2015 fueron 10.544; en 2016 11.362 y en 2017 12.029, según datos de la Policía nacional.

 

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