Indígenas hondureñas exigen castigo para asesinos de Berta Cáceres

«Berta vive, la lucha sigue», manifestaron centenares de mujeres pertenecientes a seis etnias que marcharon hacia la sede de la Fiscalia este jueves.

La movilización fue para «exigir la agilización de los juicios y el castigo a los culpables del asesinato de Berta Cáceres» porque solo se han capturado «los sicarios», pero no a los autores intelectuales del crimen, afirmó la dirigente Miriam Miranda, coordinadora del Movimiento de Mujeres Indígenas y Negras.

Miranda agregó que también exigen al gobierno que los pueblos indígenas sean incluidos en la elaboración de un proyecto de ley de consulta previa a las comunidades en los proyectos que afectan el ambiente en sus territorios.

«Todos los días sufrimos el hostigamiento y la represión. Nuestra lucha en defensa de los territorios y los bienes comunes es criminalizada. Nos persiguen y nos echan presas por defender lo que es nuestro. Exigimos al Ministerio Público que cese la represión y que capture a los responsables intelectuales del asesinato de nuestra hermana Berta Cáceres», manifestó Lilian López del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), organismo al que pertenecía Cáceres citada por el portal Lista informativa Nicaragua y más.

Marcha Mujeres Indígenas Negras en Tegucigalpa exigiendo respeto territorio , bienes comunes y vida defensoras #BertaVive #JusticiaParaBerta pic.twitter.com/gFm26PUhZ9

— ofraneh (@ofraneh) 25 de mayo de 2017

Berta Cáceres

Berta Cáceres fue asesinada el 3 de marzo de 2016 por pistoleros que entraron a su casa en la comunidad de La Esperanza (oeste).

Hasta al momento hay ocho sospechosos del crimen detenidos, incluido un empleado de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), que impulsa un proyecto hidroeléctrico que era fuertemente rechazado por Cáceres.

La líder ambientalista tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras haber denunciado que había recibido 33 amenazas de muerte de la DESA por oponerse a la construcción de una represa hidroeléctrica en el río Gualcarque, que baña los territorios de la etnia lenca.

Familiares de Berta Cáceres y organizaciones sociales de Honduras reiteraron sus denuncias el 19 de mayo por los atrasos en la investigación de la muerte de la líder indígena.