EL PRECIO DEL ACTIVISMO

Un ecologista es asesinado cada dos días en Latinoamérica

Brasil es el país donde más defensores del medio ambiente han perdido la vida, mientras que Honduras se considera el país más peligroso para ser activista ecológico.

Activistas de Greenpeace se preparan para abordar el pesquero ilegal Shuen De Ching No 888, de bandera china. Foto: Greenpeace International.
Activistas de Greenpeace se preparan para abordar el pesquero ilegal Shuen De Ching No 888, de bandera china. Foto: Greenpeace International.

Los activistas ambientales están a merced de la delincuencia, reciben amenazas de muerte que, en muchos casos, se han vuelto reales. Así dice un informe titulado el Precio del Activismo, un estudio de Greenpeace que recoge datos de distintas investigaciones sobre las implicaciones de la corrupción y la delincuencia en la muerte de ecologistas.

En los últimos dos años, más de 340 activistas medioambientales y de Derechos Humano han sido asesinados en el continente, lo que representa casi una muerte cada dos días. Greenpeace subraya que los números denotan que estas personas están indefensas ante la violencia.

América Latina es la zona donde más defensores del medio ambiente pierden la vida en sus labores: en 2015 murieron 185 personas en este tipo de labores, 122 solo en Latinoamérica, según el informe de Global Witness llamado En Terreno Peligroso, que forma parte de la investigación de Greenpeace.

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Las industrias mortales

La mayoría de sucesos tienen relación con la industria de la minería. 42 asesinatos han sido relacionados con ecologistas que defendían tierras vírgenes, bosques o áreas protegidas de la expansión de esta industria altamente contaminante. Otros sectores comerciales igual de letales son la tala de bosques, la represas hidroeléctricas y la caza furtiva, esta última especialmente peligrosa porque los guardabosques o ambientalistas se tienen que enfrentar directamente con personas armadas.

«Los datos son escalofriantes (. . .) esperamos una tendencia al alza, lo cual es terrible. América Latina es el lugar donde la situación es más grave» denuncia Laura Furones, portavoz de Global Witness.

Los asesinatos suelen estar manchados de corrupción política, un flagelo que sacude las realidades de miles de pueblos originarios y poblaciones rurales latinoamericanas que viven luchando por evitar que los desarrollos industriales arrasen las tierras que han habitado por generaciones.  «Los asesinatos suceden porque estamos conviviendo con proyectos que son impuestos y las comunidades se ven abocadas a protestar por la invasión de tierras» afirma Furones.

Según esta organización, la carencia de procesos respetuosos de consulta a los pueblos sobre qué quieren hacer con sus tierras es otro de los grandes problemas. Las empresas y los gobiernos locales y nacionales llegan a acuerdos directos, sin tomar en cuenta la posición de las personas como individuos y como sociedades.

Asimismo, la impunidad de los crímenes cometidos es alta, tanto para los autores intelectuales de los hechos, como para sus gestores materiales.

Honduras es considerado el país menos desarrollado y más pobre de América Latina, además de ser el más riesgoso para cuidar el ambiente. La situación de empobrecimiento, especialmente en poblaciones rurales, agrava el escenario. Según Global Witness, los poderes políticos, militares, y empresariales del país participan abierta y activamente en megaproyectos que son dañinos al medio ambiente.

Por otro lado, Brasil también se ha vuelto tierra hostil para los ecologistas: más de 50 personas fueron asesinadas en los últimos años al tratar de defender comunidades agrícolas siendo invadidas por plantaciones industrializadas o ganadería, así como por madereros y mineros ilegales.

Según la investigación de Greenpeace, la tala ilegal está arrasando la selva tropical, y se considera que el 80% de la madera que se compra y vende en Brasil es ilegal, y representa cerca del 25% de la madera ilegal mundial.

Las mujeres son especialmente vulnerables, reclaman las ONG’s. Casos como el de Berta Cárceres, Wangari Maathai, Lesbia Yanet Urquía y Mía Manuelita, son solo unos pocos de los más sonados casos de asesinatos que tuvieron que ver con la protección del medio ambiente. Las investigaciones están plagadas de vicios e irregularidades, y la sumatoria de inconsistencias hacen que los casos queden en la total impunidad y proscriban.

La intención de los delincuentes medioambientales es la de frenar las luchas de los pueblos por proteger la ecología, y así poder lucrar sin control alguno, pero las ONG’s y activistas independientes siguen luchando por preservar el planeta, aunque sus vidas estén en juego.

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