“Existe una deuda del Estado con las víctimas de violaciones a los derechos humanos”

Una  delegación  de  la  Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos  (CIDH)  de  la Organización  de  los  Estados  Americanos realiza una visita de trabajo a Uruguay.

En dicho marco, la presidenta de la CIDH, comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, y la vicepresidenta de la CIDH, comisionada Antonia Urrejola, brindaron una conferencia de prensa este miércoles 29 de mayo, en el edificio del MERCOSUR.

La CIDH manifestó que observa con “suma preocupación la subsistencia de interpretaciones judiciales en procesos penales que niegan la imprescriptibilidad de las graves violaciones de los derechos humanos en la pasada dictadura cívico-militar (1973-1985)”.

Dichas interpretaciones resultan en la “impunidad de los perpetradores de los crímenes de lesa humanidad y niegan justicia y reparación a las víctimas”.

Al respecto, la Comisión recordó al Estado uruguayo su obligación de dar cabal cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana en el caso “Gelman vs Uruguay”, la cual estableció que “no son admisibles las disposiciones de amnistía, prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos, tales como: tortura, ejecuciones sumarias extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables”.

Poder Judicial

Por tal motivo, la Comisión llama al Estado y en especial al Poder Judicial a “cumplir con su deber de aplicación del control de convencionalidad en el marco de su obligación de respetar y garantizar los derechos humanos previstos en las decisiones de la Corte Interamericana y en la Convención Americana”.

A la vez, subraya que existe “una deuda del Estado con las víctimas de las violaciones de derechos humanos en materia de justicia y verdad”.

También exigió el esclarecimiento de las amenazas que sufrieron 13 activistas por los derechos humanos en de 2017 por parte del autodenominado Comando Barneix.