“Mintió”

Ex presos políticos denuncian que Manini Ríos “mintió con real malicia” sobre actuación de la Justicia

La asociación ex presos políticos de Uruguay (Crysol) expresó que el ex comandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos “mintió descaradamente y a sabiendas, con real malicia, acerca del rol del Poder Judicial”, porque los militares involucrados en denuncias de violaciones a los derechos humanos “han contado con todas las garantías legales que existen en nuestro país, se han beneficiado del mejor apoyo legal y académico financiado, incluso, con los impuestos que pagan sus víctimas y la sociedad uruguaya en su conjunto”.

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En las últimas horas Crysol se pronunció, a través de una columna de opinión, sobre las declaraciones de Manini Ríos.

La asociación de ex presos políticos aseguró que las afirmaciones públicas que realizó el ex comandante en jefe del Ejército sobre el funcionamiento y la actitud del Poder Judicial son “absolutamente falsas”.

El ex jerarca castrense expresó en más de una ocasión que ha “quedado demostrado de forma incontrastable que la Justicia actuó sin pruebas y sin respetar los más elementales principios del derecho”, con respecto al accionar de los militares durante la pasada dictadura militar (1973-1985).

Crysol expresa que, a diferencia de lo sucedido en Argentina y Chile, donde centenares de oficiales fueron llevados ante los estrados judiciales, juzgados y condenados, “en Uruguay solamente un pequeño, un reducido grupo, de quienes cometieron graves violaciones a los derechos humanos fueron investigados y procesados”.

La Justicia uruguaya, desde el retorno a la vida democrática “no se ha caracterizado, en ningún momento, por ser hiperactiva, sino todo lo contrario”, considera la asociación.

Recuerda, asimismo, que “debido a la vigencia de la Ley de Caducidad que impulsó Julio María Sanguinetti en su primera Presidencia, una no encubierta ley de amnistía”, durante más de 20 años la Justicia “estuvo impedida de realizar ninguna investigación sobre las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el largo período dictatorial”.

“Recién a partir de octubre de 2011 en que se restableció la pretensión punitiva del Estado pudo empezar a cumplir con las obligaciones que le imponen las normas constitucionales”, remarca Crysol.

Aclara que, “salvo honrosas y destacadas excepciones que la ciudadanía conoce, como el caso de la doctora Mariana Mota, los magistrados y la Suprema Corte de Justicia no han sido un ejemplo de dedicación,  compromiso y espíritu justiciero”.

Desde las declaraciones del ex presidente de la Suprema Corte de Justicia Jorge Ruibal Pino, en febrero de 2013, en el sentido de que quienes promovieran las causas del pasado reciente encontrarían en el máximo órgano judicial “una auténtica muralla” para que ellas no prosperaran, a la sentencia que en octubre de 2017 “desestimó una investigación sobre José Nino Gavazzo por las torturas que infringió a una detenida en Tacuarembó en el año 1972, el órgano de la Justicia no es un modelo a  exaltar”.

“Mintió con real malicia”

Crysol manifiesta que el ex comandante en jefe “mintió descaradamente y a sabiendas, con real malicia, acerca del rol desempeñado por el Poder Judicial”, y “lo sabe muy bien”.

La asociación asegura que “todos los involucrados, en todo momento, han contado con todas las garantías legales que existen en nuestro país”.

Asimismo, “se han beneficiado del mejor apoyo legal y académico disponible, financiado incluso con los impuestos que pagan sus víctimas y la sociedad uruguaya en su conjunto”.

“Sus abogados defensores han podido, incluso amenazar y prepotear a los testigos presenciales en los juzgados. Como ha quedado documentado, lo hicieron, en el año 2018, en una sala del hospital Maciel, en la causa por la desaparición de Oscar Tassino”, remarcan los ex presos políticos.

Cuestionan también que a los militares se les “ha permitido, con total displicencia, recurrir a todos los mecanismos legales posibles para enlentecer y entorpecer el diligenciamiento de las investigaciones y de las causas con artificiosos recursos de inconstitucionalidad”.

“Los jueces solamente han procesado a un reducido y escaso número de quienes fueron denunciados, indagados o de los cuales se solicitó el procesamiento. Todos los procesados lo fueron con base en pruebas y evidencias contundentes y abrumadoras, a veces con testimonios de ex militares”, remarca Crysol en una columna de opinión.

Manifiesta, asimismo, que “todos los condenados, son ampliamente conocidos en la familia militar por haber sido integrantes de los principales órganos represivos, en Uruguay y en el exterior, actuando en la ESMA y en Automotoras Orletti”.

“Todos tienen un currículum represivo tenebroso. Han podido fugarse del país para eludir el brazo de la Justicia y al mismo tiempo seguir cobrando sus privilegiadas jubilaciones. Todos han sido condenados recorriendo, sus causas, toda la escala del Poder Judicial y sus sucesivas instancias hasta culminar por los fallos ratificatorios de la SCJ”, indica.

Crysol también denuncia que “cuando ha sido necesario y/o oportuno han contado con preparadas campañas mediáticas orquestadas desde la tribuna de El País, comentarios de senadores y diputados amigos de la impunidad, estridentes declaraciones públicas de los centros Militares y amenazas de furtivos comandos sobre los promotores de las causas o actos vandálicos sobre los memoriales. A veces con el silencio y apoyo no encubierto de algún jerarca ministerial ya fallecido”.

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