Amnistía advierte escasos avances en esclarecimiento de delitos en dictadura uruguaya

Amnistía Internacional presentó este 22 de febrero su informe 2016/17 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo.

La organización presenta un análisis especialmente exhaustivo del estado de los derechos humanos en el mundo, que abarca 159 países.

En el caso de Uruguay indica que a pesar de los esfuerzos del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, “apenas hubo avances en los escasos procesos penales por los crímenes de derecho internacional y las violaciones de derechos humanos cometidos durante el periodo de gobierno cívico-militar, entre 1973 y 1985”.

Por otro lado, se expresa que persistía en nuestro país la discriminación contra las personas con discapacidad, y la falta de igualdad de género seguía siendo motivo de preocupación.

El informe

El siguiente es el informe textual sobre el capítulo de Uruguay:

“Información general. Entró en vigor el Plan de Acción 2016-2019: Por una vida libre de violencia de género, redactado por el Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica.

En julio, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, de la ONU, instó a Uruguay a emprender más acciones para reducir la discriminación contra las mujeres afrodescendientes y mejorar su acceso a la educación, el empleo y la salud.

El Comité también expresó preocupación por la ausencia de un mecanismo específico para garantizar la reparación a las mujeres que habían sufrido violencia sexual bajo el gobierno cívico-militar, entre otras cuestiones.

En agosto, el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad pidió la creación de mecanismos de consulta para las personas con discapacidad a fin de permitirles participar en la adopción de políticas públicas y legislativas y de garantizar métodos accesibles para denunciar discriminación por motivos de discapacidad.

Condiciones de reclusión. En junio, el comisionado parlamentario para el Sistema Penitenciario, con el apoyo de otras instituciones nacionales y del alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, facilitó talleres para directores de prisión sobre educación en derechos humanos.

El propósito de los talleres era mejorar la comprensión que los funcionarios del Estado tenían de los enfoques basados en derechos humanos, con el fin de evitar conflictos internos y el uso excesivo de la fuerza.

Impunidad. El Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, creado en mayo de 2015 para investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1968 y 1985, continuó recabando testimonios, llevando a cabo exhumaciones y localizando los restos de personas desaparecidas. También pudo acceder a documentación importante, como los archivos del cuartel de Fusileros Navales, y estaba previsto que publicara sus conclusiones en 2017.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI). En julio, Uruguay albergó la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de las personas LGBTI. Uruguay presidió el grupo de debate temático que pidió incluir a las personas LGBTI en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Por primera vez, Uruguay elaboró un censo de personas transgénero, para entender mejor sus circunstancias. A pesar de los esfuerzos y las políticas para mejorar la situación, la discriminación múltiple que sufrían estas personas continuaba siendo un problema.

Se crearon con éxito centros de salud libres de homofobia; no obstante, la falta de una atención de salud integral para las personas LGBTI seguía siendo un problema.

Derechos sexuales y reproductivos. El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer alabó a Uruguay por la drástica reducción de la mortalidad materna y por la ampliación del acceso de las mujeres a los servicios de salud sexual y reproductiva. No obstante, expresó preocupación por que dicho acceso seguía siendo limitado en las zonas rurales.

El Comité también manifestó preocupación por el uso generalizado de la objeción de conciencia entre los profesionales de la medicina, lo que limitaba el acceso de las mujeres a servicios de aborto seguros y legales.

Asimismo, pidió al Gobierno que evaluara la disponibilidad de los servicios de salud sexual y reproductiva a nivel nacional a fin de identificar las zonas insuficientemente atendidas y garantizar una financiación adecuada. Le pidió también que adoptara medidas para asegurarse de que las mujeres tuvieran acceso a servicios de aborto y postaborto legales, y que fijara requisitos más rigurosos para impedir el uso generalizado de la objeción de conciencia en los casos de aborto”.