La decisión frenó el descontento social en el sur de Perú

Toledo suspendió las privatizaciones

El acuerdo fue logrado tras negociaciones entre una comisión de alto nivel del gobierno del presidente Alejandro Toledo y líderes del Frente Amplio Cívico de Arequipa, segunda ciudad del país, quienes encabezaron masivas protestas contra la privatización de ambas empresas, asentadas, Egasa en esa ciudad y Egesur en la vecina Tacna (ambas al sur del país), que dejaron un muerto y cien heridos.

“La representación del gobierno, con la aceptación de los representantes del Frente Amplio Cívico de Arequipa, expresan formalmente su decisión de suspender todos los actos del proceso de privatización de Egasa y Egesur, incluyendo los conducentes a la firma del contrato, mientras no se cuente con el fallo del Poder Judicial”, señala un acuerdo firmado entre las partes.

“Es un triunfo del pueblo arequipeño y un triunfo del Perú”, dijo Juan Manuel Guillén, alcalde de Arequipa, al referirse al acuerdo.

Los desórdenes obligaron al gobierno a declarar el estado de emergencia y el toque de queda en esa ciudad de 830.000 habitantes, 1.000 km al sur de Lima.

El acuerdo precisa también que el gobierno dejará sin efecto el estado de excepción en un plazo de 48 horas.

“Las partes hacen una invocación al país para que cesen de inmediato todos los actos de violencia que obstruyan el camino a la paz social, la estabilidad democrática del país y el anhelado desarrollo nacional”, precisa el documento.

La suspensión de la venta de las empresas eléctricas se produce cuando una amplia región del sur había iniciado este miércoles un paro de 48 horas en solidaridad con Arequipa y en rechazo a las privatizaciones del gobierno del presidente Alejandro Toledo.

Guillén invocó a los pobladores de los departamentos de Cusco, Moquegua, Puno y Tacna, que habían emprendido paros de 48 horas en solidaridad con Arequipa, a que desistan de sus medidas y a que las situaciones de enfrentamiento entre el gobierno y varios sectores del país no se repitan.

La semana pasada el juez Benny Alvarez Quiñones, de la judicatura de Arequipa, ordenó que se suspendiera la privatización de las dos empresas al declarar fundada una acción de amparo presentada por Guillén.

La resolución judicial ordenó que la estatal PromoInversión, encargada del proceso de privatizaciones, “cese la amenaza de actos de disposición de acciones cuya titularidad corresponde a la región Arequipa”.

En la acción de amparo el alcalde pidió que se declarara la inaplicabilidad de los actos de transferencia de acciones de las firmas y se dispusiera la protección de los derechos de propiedad de la región sureña.

Pese a la resolución del juez, conocida el jueves de la semana pasada, el gobierno llevó a cabo la privatización, aduciendo que el fallo sería apelado, pero que no impediría la subasta, que ganó la belga Tractebel.

Como parte del acuerdo logrado en Arequipa, el presidente Toledo pidió ayer miércoles disculpas a la población de Arequipa por no haber explicado bien los fines de su política de privatizaciones, que causó el levantamiento popular en el sur. *

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