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La Corte Suprema autoriza una nueva investigación contra Temer por corrupción; Lula vuelve a declarar ante el juez Moro con el apoyo popular

La Corte Suprema autorizó una nueva investigación contra el presidente Michel Temer por corrupción. Por otro lado Lula da Silva declarará este miércoles en Curitiba ante Sérgio Moro por la acusación de haber recibido regalías de la empresa constructora Odebrecht. El Frente Brasil Popular convocó una Jornada de Lucha por la Democracia para acompañar al ex mandatario.

La Corte Suprema autoriza una nueva investigación contra Temer por corrupción; Lula vuelve a declarar ante el juez Moro con el apoyo popular.

La Corte Suprema autoriza una nueva investigación contra Temer por corrupción; Lula vuelve a declarar ante el juez Moro con el apoyo popular.

El Supremo Tribunal Federal de Brasil abrió una nueva investigación contra el presidente Michel Temer por corrupción. Por su parte el mandatario denunció un ataque al estado de derecho en el país por considerar que están siendo “violadas las garantías constitucionales”.

Este lunes la Policía Federal de Brasil concluyó que existen indicios de que el presidente y otros miembros de su gobierno cometieron crímenes de corrupción.

La Policía Federal, que actúa bajo órbita del Ministerio de Justicia, elevó a la corte suprema un informe en el cual se acusa al presidente de participar de una asociación ilícita y de recibir sobornos de la empresa Odebrecht.

Poco después el juez de la corte suprema Luis Roberto Barroso autorizó la apertura de una investigación contra el mandatario por corrupción y lavado de dinero por supuestos beneficios a una empresa en negocios con el puerto de Santos, el mayor de Latinoamérica. La investigación incluirá también a los empresarios Conrado Mesquita y Antonio Celso Grecco y al ex diputado federal y ex asesor especial de Temer Rodrigo Rocha Loures, quien fue preso después de ser filmado cuando recibía una maleta con medio millón de reales en sobornos.

Temer está acusado de beneficiar a la empresa Rodrimar con contratos con el gobierno, en base a la denuncia hecha por el fiscal general, Rodrigo Janot, quien está semana concluye su trabajo al frente de la Fiscalía. Janot anunció hace poco tiempo tener munición para denunciar penalmente a Temer por lo que se esperan aún más acusaciones contra el mandatario.

Mientras tanto desde el Palacio del Planalto emitieron un comunicado oficial en el afirman que el país está viviendo en las últimas semanas “exactamente todo lo contrario” al estado democrático de derecho. “El estado democrático de derecho existe para preservar la integridad de los ciudadanos, para cohibir la barbarie de la sanción sin pruebas y para evitar la injusticia. En las últimas semanas, Brasil asiste exactamente a lo contrario”, expresa el texto.

El principal delator de Temer fue enviado a prisión; el mandatario intentará anular las pruebas presentadas por Batista

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El comunicado es en reacción a los últimos acontecimientos que involucran las acusaciones de corrupción contra Temer, entre ellos la detención del empresario Joesley Batista, dueño del frigorífico JBS, quien grabó de manera clandestina al jefe del estado y delató sobornos contra el gobernante. Desde la defensa de Temer solicitan que ahora que Batista está preso su delación debe ser anulada.

“Garantías individuales –dice el comunicado– están siendo violadas, a la luz del día, sin que exista la mínima reacción. Se llega al punto de intentar condenar personas sin escucharlas, sin concluir una investigación, sin chequear, sin pruebas reales”, expresa el texto.

El comunicado del Gobierno denuncia que “fascinerosos le roban la verdad al país”, en referencia, según la prensa local, a la Policía Federal (PF) y al Ministerio Público. “Delincuentes construyen versiones para alcanzar un perdón, mismo que parcial, por sus innumerables delitos. Las reputaciones son destrozadas en conversaciones clandestinas”, agrega el documento en referencia a Batista, quien fue enviado a prisión por haber omitido información a la justicia y haber intentado engañarla a cambio de mantenerse en libertad.

Lula declara ante Moro con el apoyo popular de su lado

Este miércoles el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarará una vez más ante el juez Sérgio Moro, en Curitiba, sobre un supuesto terreno que le iba a donar Odebrecht al exmandatario, que según la fiscalía forma parte de un soborno por contratos con Petrobrás.

Lula da Silva, quien ya fue condenado por Moro en julio pasado a nueve años y medio de prisión, es acusado también de recibir regalías de la empresa constructora Odebrecht en el megaescándalo de la Operación Lava Jato.

El ex mandatario califica estas acciones como una persecución política destinada a inhabilitarlo para las elecciones de 2018.

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La acusación de la Fiscalía por la que Lula será interrogado hoy indica que 8 contratos de Petrobras durante el gobierno de Lula (2003-2010) fueron el motivo por el cual Odebrecht decidiera comprar un terreno en Sao Paulo para albergar una nueva sede del Instituto Lula, supuestamente a pedido de aliados del expresidente.

Sin embargo, esta supuesta donación nunca se ejecutó porque Lula se negó a aceptar el terreno, expresa su defensa.

La declaración de Lula en Curitiba se dará, al igual que la anterior, ante un enorme apoyo popular. El Frente Brasil Popular convocó para el día de hoy la Segunda Jornada de Lucha por la Democracia con la que respaldarán al ex mandatario. La actividad está convocada para las 15 horas, en la Plaza Generoso Marques, centro de Curitiba y está previsto que el propio Lula se haga presente para agradecer el apoyo y dar un discurso sobre la tarde-noche.

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A su vez mientras Lula esté declarando ante Moro en el edificio de la Justicia Federal, sus seguidores van a promover actividades culturales y una clase pública sobre la operación Lava Jato. La actividad estará a cargo del ex ministro de Justicia Eugenio Aragão, del sociólogo Emir Sader y del senador Roberto Requião (PMDB-PR), entre otros líderes políticos.

También se realizará la presentación libro ‘Comentarios a una sentencia anunciada – el proceso Lula”, que fue realizado por juristas que señalan que hubo arbitrariedades y equívocos jurídicos en la condena de Moro contra Da Silva.

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