EE.UU.

El fiscal especial del ‘Rusiagate’ abre una investigación contra Trump por posible obstrucción a la Justicia

Según informó The Washington Post el fiscal especial Robert Mueller encargado de la trama rusa conocida como ‘Rusiagate’, investigará si el mandatario estadounidense es responsable de obstrucción a la justicia. Por otro lado legisladores demócratas demandarán a Trump por pagos de extranjeros que el magnate recibiría a través de sus empresas.

Abren una investigación contra Trump por posible obstrucción a la Justicia. Foto: Flickr
Abren una investigación contra Trump por posible obstrucción a la Justicia. Foto: Flickr

El fiscal especial de EE.UU. Robert Mueller, encargado de investigar posibles colusiones entre la campaña del presidente Donald Trump y Rusia decidió abrir una investigación para esclarecer si el magnate republicano cometió obstrucción a la Justicia, informó ‘The Washington Post’.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) investiga sobre la supuesta injerencia de Moscú en las elecciones presidenciales de EE.UU. del pasado noviembre y la posible coordinación entre el equipo de Trump y el Kremlin desde el año pasado.

El delito de obstrucción a la justicia puede provocar un proceso de destitución contra Trump en el Congreso, algo que apoyan legisladores de la oposición demócrata si se dan las circunstancias pertinentes.

Mueller fue nombrado fiscal especial para el caso ruso tras el despido en mayo del exdirector del FBI, James Comey, quien la semana pasada aseguró ante el Senado que el mandatario le pidió que dejara pasar la investigación sobre los vínculos de su exasesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn, con Rusia.

Comey también reveló detalles de sus conversaciones con el presidente Trump, quien dijo le pidió «lealtad» y le insinuó que de ella dependía que mantuviera su puesto.

El exdirector del FBI había asegurado a Trump que él no estaba bajo investigación por la trama rusa, pero según detalla The Washington Post eso cambió tras su abrupto despido a principios de mayo.

El medio estadounidense señala que Daniel Coats, actual director de la Inteligencia Nacional de EE.UU., el almirante Mike Rogers, director de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y Richard Ledgett, director adjunto de la NSA, aceptaron ser entrevistados esta semana por investigadores de Mueller. Las pesquisas se llevan a cabo en secreto y no se sabe cuántas personas más declararán por este tema.

El equipo legal del presidente comentó que era escandalosa, inexcusable e ilegal la filtración al diario The Washington Post que dio a conocer la investigación a Trump, citando a funcionarios como sus fuentes.

Demanda por pagos de extranjeros

Por otro lado un grupo de casi 200 legisladores demócratas demandan al presidente Donald Trump por el dinero extranjero que fluye en su imperio empresarial global.

El senador de Connecticut Richard Blumenthal y el representante de Michigan John Conyers presentarán una demanda en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del Distrito de Columbia.

Los demandantes argumentan que tienen derecho a demandar al magnate porque la cláusula dice que sólo el Congreso puede aprobar donaciones y pagos extranjeros. “Los redactores dieron al Congreso un papel único, un derecho único y la responsabilidad”, dijo el senador Richard Blumenthal.

El argumento se basa en que al asumir la presidencia Trump cedió el control de su inmenso entramado empresarial a sus hijos Donald Junior y Eric, pero no se despojó totalmente de ellas ya que siguen en el más íntimo círculo presidencial y por lo tanto no hay forma de saber si las donaciones y dinero de Gobiernos extranjeros que ingresa a las empresas no es en realidad un pago al mandatario.

Uno de los ejemplos utilizados por los demandantes es que el Trump International Hotel de Washington organizó una fiesta para la embajada kuwaití y en mayo una firma que representa al gobierno de Arabia Saudita reveló que había pagado más de 250.000 dólares en alojamiento y servicios de catering al hotel.

Para los demócratas esos acuerdos violan una cláusula de la Constitución que prohíbe a los funcionarios de los Estados Unidos aceptar “cualquier presente, cargo o título, de cualquier tipo, por parte de cualquier rey, príncipe o estado extranjero” sin el consentimiento del Congreso.

El pasado lunes, los abogados generales de Maryland y el Distrito de Columbia interpusieron una demanda en un tribunal federal en Maryland sobre este tema.

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