Presidente filipino pide juzgar como adultos a niños de 9 años

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte se envuelve en una nueva polémica e impulsa un proyecto de ley destinado a reducir la edad de imputabilidad legal de 15 a 9 años, informó ‘The Washington Post’.

La iniciativa forma parte de la «guerra contra las drogas» declarada por el mandatario al asumir el poder en junio de 2016 tras haber prometido en la campaña electoral que acabaría con el narcotráfico. En poco más de siete meses dicha campaña ya se ha cobrado la vida de cerca de 7.000 personas, muchas de ellas ejecutadas extrajudicialemente.

Las organizaciones defensoras de los derechos humanos denuncian los enormes peligros de la polémica campaña antidrogas de Filipinas que por ejemplo ha provocado que niños de hasta cuatro años hayan sido asesinados en medio del fuego cruzado con la Policía.

A su vez alertan que se registra un creciente número de huérfanos luego que la Policía abatiera alguno de los padres por supuestos nexos con narcotraficantes. Sin embargo para el presidente filipino las muertes de niños son solo un «daño colateral».  Diversas organizaciones y mandatarios internacionales han criticado y condenando la polémica campaña impulsada por Duterte.

Ahora si la nueva propuesta del mandatario es aprobada por el Congreso, permitirá que los niños podrían ser juzgados como adultos y enviados a prisiones comunes.

En su argumento el mandatario filipino asegura que bajar la edad de imputabilidad pondría fin a la formación de una nueva «generación de delincuentes» filipinos y ayudaría a prevenir el crimen desde la edad escolar, ya que, en su opinión, «la leyes vigentes miman a los menores infractores».

Derechos de los niños

Según informó el mismo medio grupos de derechos humanos y defensores del bienestar de los niños rechazan la iniciativa y afirman que el gobierno de Duterte no vela por la infancia que vive al margen del narcotráfico y que tomar como objetivo a niños de 9, 11 o 13 años, «es a la vez cruel y contraproducente».

Según Rowena Legaspi, directora ejecutiva del Centro de Derechos Legales y Desarrollo del Niño, «la guerra contra las drogas ha sido violenta, se han utilizado torturas, ejecuciones sumarias y ejecuciones extrajudiciales para erradicar a los presuntos usuarios de las drogas».

A su vez alertan sobre los derechos de los niños pobres, que serán quienes sufrirán más si la nueva ley contra el crimen se aprueba.

Según los expertos la gran mayoría de los homicidios enmarcados en la guerra contra las drogas fueron dirigidos a individuos de bajo nivel económico y comerciantes que viven en zonas urbanas congestionadas. Un reciente informe de Amnistía Internacional advirtió que más que una guerra contra las drogas, se trata de una «guerra contra los pobres.»