Fiscal reabrió causa por Antel Arena: Lacalle Pou había presionado para “agotar todas las instancias”
El caso se había archivado en febrero bajo la gestión del fiscal Alejandro Machado, quien habló de la supuesta existencia de “desprolijidades” y un “manejo dispendioso de los recursos”, pero determinó que estas acciones no constituían un delito en sí mismo.
El Fiscal de Lavado de Activos del 1er Turno, Enrique Rodríguez, ha dado luz verde a la reapertura del caso relacionado con supuestas irregularidades en la construcción del Antel Arena, según revelaron fuentes políticas y judiciales a medios de prensa.
Este nuevo análisis surge a raíz de la solicitud del presidente Luis Lacalle Pou al directorio de la empresa de telecomunicaciones, quien presionó para que se agoten “todas las instancias” en la investigación de las presuntas irregularidades.
El caso se había archivado en febrero bajo la gestión del fiscal Alejandro Machado, quien habló de la supuesta existencia de “desprolijidades” y un “manejo dispendioso de los recursos”, pero determinó que estas acciones no constituían un delito en sí mismo.
Gabriel Gurméndez, quien estaba al frente del ente durante el inicio de la investigación y ahora es precandidato por el Partido Colorado, criticó la decisión de Machado y elogió la diligencia del fiscal Rodríguez, que ya había intervenido en el caso previamente. Según Gurméndez, el cambio de fiscal condujo a un proceso más lento que culminó en el archivo del caso.
En cuanto a la solicitud de pericia para validar el informe y el hecho de que otro fiscal esté a cargo del análisis, varios expertos legales han expresado opiniones divergentes. Algunos argumentan que un fiscal previamente involucrado no debería liderar el reexamen, mientras que otros sostienen que la participación previa de un fiscal no afecta su capacidad para emitir un nuevo juicio, siempre y cuando no haya tomado una decisión previa sobre el caso.
La denuncia original presentada por Antel en noviembre de 2021 se basaba en tres puntos principales: la supuesta violación del principio de especialidad de los entes autónomos, el costo excesivo del Antel Arena en comparación con estimaciones previas, y la discrepancia de costos con otros proyectos similares en la región.
Este nuevo desarrollo en el caso del Antel Arena refleja la complejidad y sensibilidad de las investigaciones relacionadas con proyectos de infraestructura de importancia pública, y plantea interrogantes sobre los procedimientos judiciales y la transparencia en el uso de recursos públicos en Uruguay.
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