Democracia informativa

En su última contratapa, la politóloga Constanza Moreira aborda un tema de especial interés: el financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales. Como bien señala la analista, una ley que regule asunto tan delicado es una asignatura pendiente que la sociedad tiene consigo misma. Es de esperar, por tanto, que en la presente legislatura se apruebe definitivamente alguno de los numerosos proyectos ingresados al Parlamento en los últimos veinte años y que duermen el sueño de los justos en polvorientas carpetas apiladas en anaqueles.

Este asunto es de innegable trascendencia pues permite conocer qué empresas o grupos realizan aportes o donaciones a determinado partido, si dichas donaciones son en especie o en dinero, etcétera, de tal modo de descubrir posibles implicancias y denunciar connivencias, amiguismos y privilegios. La forma de financiar el funcionamiento de los partidos y sus respectivas campañas electorales puede rozar el delicado límite entre lo lícito y lo ilícito y entrar de lleno en prácticas de corrupción.

Pero el asunto es que no se trata simplemente de imponer cristalinidad acerca de cómo se financian nuestros partidos. El tema no se agota en la puesta de límites legales para evitar actos de corrupción. Vinculado con esto, aflora un asunto que tiene mucho que ver con la democracia y la igualdad. Así como en todo régimen democrático se reconoce que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y que, sin importar el origen, todos tienen los mismos derechos y obligaciones, en un régimen democrático debe asegurarse una total equidad de modo de garantizar a todos los partidos el acceso en igualdad de condiciones a los medios masivos de comunicación, y especialmente a la televisión, el medio de penetración por excelencia que lleva a cada hogar las ideas y propuestas de los partidos y sus candidatos.

De otro modo, tal como ha venido sucediendo hasta hoy, una agrupación política tendrá más o menos presencia en los medios audiovisuales según disponga de más o menos dinero para afrontar los gastos de publicidad. Y por supuesto, aquí no estamos hablando de otras formas más sutiles de discriminación como la que practican ciertos canales privados en sus espacios informativos, destinando más espacio a los candidatos conservadores en detrimento de los de partidos contestatarios. Este fenómeno no es exclusivo de tiempos de campaña electoral sino que ocurre frecuentemente en la cobertura de actos o en entrevistas a dirigentes. Recuérdese que en la campaña electoral de 1999 fue ostensible la distribución inequitativa del tiempo destinado a informar sobre cada partido y sobre cada candidato; mientras los candidatos de los partidos tradicionales (Lacalle y Batlle) registraron una presencia casi permanente en los informativos y programas periodísticos de televisión, el doctor Vázquez y los principales dirigentes de izquierda sólo gozaron de apariciones esporádicas. Pero esto es harina de otro costal y no es posible reglamentar el contenido de los informativos de los medios privados.

La ley que deberá analizar y aprobar el Parlamento prevé sí el acceso gratuito de todos los candidatos a los canales de televisión privados como forma de equilibrar las cosas y democratizar la posibilidad de aparecer en la televisión.

Sin que ello implique inmiscuirse en la actividad privada ni cercenar la libertad de prensa, entendemos muy positivo que el Estado intervenga a favor de la democracia y la igualdad. De otro modo, la posibilidad de que la opinión pública conozca las propuestas, los programas y los candidatos queda limitada a aquellas colectividades que cuentan con más recursos financieros, lo cual atenta directamente contra la democracia y la libertad de información. *