Comienza recolección de firmas para derogar los artículos 22, 150, 156 y 157 de la Rendición de Cuentas

PIT-CNT lanza hoy en Estación Central referéndum en defensa del ferrocarril

La nueva recolección de firmas, que se suma a las que se vienen realizando en defensa de Ancap y del agua, comenzará oficialmente hoy a las 11 en la Estación Central de AFE. A esta hora personalidades políticas, sindicales y sociales acompañarán el inicio de otra campaña del movimiento obrero en defensa de las empresas del Estado.

Juan Silveira, secretario general de la Unión Ferroviaria (UF) y miembro del ejecutivo del PIT-CNT, sostuvo que el gobierno de coalición además de «mentirnos, de dejarnos sin trabajo, sin fábricas y de fundir el país, ahora quiere culminar el año liquidando el ferrocarril. Por lo que quedarán más de mil trabajadores a la intemperie y le posibilitará a los gestores privados que se queden con la casa de miles de familias».

Reclamó el sindicalista que el gobierno cambie la política económica y social que lleva adelante, «ya que le trajo pobreza, marginación y desocupación a la gran mayoría de los uruguayos. Por lo tanto, entre todos debemos frenar a quienes quieren rematar y liquidar el país».

Rechazan artículos

Los artículos de la Ley 17.556 del 18 de setiembre del corriente, la Rendición de Cuentas, que se quieren derogar son el 22, 150, 156 y 157. El primero de estos artículos suprime los servicios médicos, asistenciales y odontológicos propios que hoy tienen los Entes. Por lo que se verán afectados de forma directa miles de funcionarios, sus familiares y los jubilados.

El artículo 150 transfiere la infraestructura de AFE. «Es decir las vías se pasan al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). En un palabra, es quitarle al ferrocarril un elemento sustancial para la circulación. AFE para circular necesita las vías. Pero, pierde el control de las mismas y ello determina que deja de tener competencia. Por otra parte a las únicas vías que se les haría mantenimiento sería a las que el MTOP considere que económicamente son sustentables, eliminando de un plumazo el aspecto social que tiene en todo el mundo el servicio ferroviario», se señala en un documento elaborado por la UF.

En el mismo se agrega que el artículo 150 «lleva a la supresión del ferrocarril y a su paralización. Además, viola el artículo 189 de la Constitución de la República, el cual indica que para suprimir un Ente Autónomo o Servicio Descentralizado es necesaria una mayoría especial de 2/3 de los integrantes de cada Cámara, cosa que no se tuvo en cuenta, ya que la aprobación del artículo 150 contó con una mayoría simple».

A partir del artículo 156 se deroga el numeral 1º de la Ley 9.515, el cual establecía la prohibición a los intendentes de rematar, enajenar, o encargar a particulares la percepción de rentas municipales. Lo que significa que el intendente municipal, con el aval de los 3/5 de los miembros de la Junta Departamental, 18 ediles, puede vender o dar en garantía a terceros el cobro de los tributos municipales. Esta facultad otorgada a las intendencias departamentales es un arma mortal para los contribuyentes en cada departamento».

El artículo 157 habilita al «juicio ejecutivo a quienes no paguen los tributos municipales. En consecuencia, la Intendencia y estos gestores privados no sólo adquieren el derecho del cobro, sino también la ejecución de la propiedad cuyo dueño no pague. La aplicación de estos dos artículos es de tal gravedad y trascendencia que pueden provocar –de efectivizarse– una impresionante conmoción social a lo largo y ancho del país. Y, además, una confiscación de los bienes de la inmensa mayoría de los uruguayos, que sufren en carne propia una política económica y social que ha llevado al Uruguay a su descalabro actual»; se denuncia en el material sindical. Finalmente en el documento que se distribuyó en la víspera se afirma: «Nos resistimos a que le pongan a nuestro país la bandera de remate. Por ello llamamos a la población a que participe y que nos ayude a frenar esta política económica y social que lleva adelante el gobierno. Y, para que el Poder Ejecutivo, en definitiva, consulte a la gente sobre qué destino quiere para sus empresas públicas». *

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