Comisión del PIT-CNT está analizando propuesta de reforma constitucional

La Federación de Funcionarios de OSE (Ffose) ya ha resuelto llevar adelante una reforma constitucional a fin de que en la carta magna se establezca que «los recursos hídricos sean una política de Estado y no una potestad de los gobernantes que cambian cada cinco años». Se sostienen desde esta organización sindical que «el agua es un bien de la humanidad y no puede utilizarse como una mercadería».

El gremio del gas (Uaoegas) fue el promotor de que la central sindical creara una comisión de cinco integrantes para estudiar una propuesta de modificación de la Constitución; cuya discusión pública pase a convertirse en «un debate nacional sobre el rol del Estado y su estrecha relación con las condiciones de vida de la población».

Para impulsar esta iniciativa se indicó que hoy el país se encuentra con «los compromisos de entrega de la soberanía y del patrimonio nacional asumidos por el gobierno ante los organismos internacionales. Se agrega que al proceso de desmantelamiento y privatización de áreas estratégicas del Estado ya concretadas por el Poder Ejecutivo, por ejemplo: AFE, ANP, OSE, Pluna, Compañía del gas, etc. se le agregan los procesos ya iniciados en UTE a través del Marco Regulatorio, en Antel a partir de las concesiones ya realizadas a transnacionales en larga distancia y otras áreas, las maniobras para que no haya plebiscito. También está la Ley de Asociación de Ancap,» que se está impugnando a través de las firmas.

Recuerda Uaoegas que existen procesos en el mundo y la región, y en el propio Uruguay de las transnacionales para quedarse con un elemento fundamental para la vida como es el agua. Tanto el agua potable, los ríos, las reservas subterránea, y las redes de saneamiento, hacen imprescindible a la Defensa de la OSE y del recurso agua en toda su extensión.

Indica el sindicato del gas que la aprobación reciente de la Rendición de Cuentas, que «menemisa» al país, excluye el aparato estatal. Quitando el recursos a las áreas fundamentales de atención a la población (salud, vivienda, educación), elimina unidades ejecutoras fundamentales e incorpora la total precariedad a los trabajadores públicos; se argumenta.

Ante esta situación «se hace necesario e imprescindible impulsar entre todos una herramienta de reforma constitucional, que instale un debate nacional por el rol del Estado y su estrecha relación con las condiciones de vida de la población. Este recurso tiene como mecanismo recabar el 10% de las firmas del Padrón Electoral y se vota con las Elecciones Nacionales. Tiene, además, el efecto inmediato de freno de los actuales procesos de privatización, dado que, los inversionistas no avanzaría por temor a que la voluntad hiciera caer las concesiones del gobierno, incluso dicha iniciativa debería contener el carácter retroactivo necesario.

Indica también que «el proyecto se basa en que el Estado cumpla en forma directa los servicios que presta a la población y dejar sin efecto las privatizaciones, asociaciones, concesiones y distintas formas de entregas ya concretadas. Así como a la participación tripartita en los Entes del Estado de trabajadores, usuarios y gobierno»; se argumenta.

En tanto, la Mesa Representativa se reúne hoy para definir el plan de medidas que se impulsará durante este mes. *