Personal de Cajas Profesionales reclama entrevista con Bensión

La puesta en marcha del impuesto adicional a las retribuciones personales planteada por el Poder Ejecutivo significará que cerca de 400 funcionarios de las Cajas de Profesionales Universitarios, que es persona de derecho público no estatal, pierdan al año un salario.

«Apelamos al sentido común y la honestidad de los señores legisladores para que rechacen este nuevo impuesto», le dijeron a LA REPUBLICA Guzmán Queirolo y Gustavo Morales, presidente y vicepresidente respectivos de la Asociación de Funcionarios de Caja de Profesionales Universitarios (Afcapu).

Ante esta situación la Afcapu ha comenzado una serie de entrevistas con integrantes de las bancadas parlamentarias y denuncian que a pesar de varias solicitudes de entrevistas que se le han solicitado a titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEC), Alberto Bensión, no han podido reunirse con el integrante del Poder Ejecutivo.

A partir del proyecto de ley sobre el impuesto adicional a las retribuciones personales esta organización de los funcionarios de Caja Profesionales Universitarios sostienen que el mensaje complementario justifica la aplicación de este impuesto, expresando que gravará en forma progresiva las retribuciones derivadas de servicios prestados al Estado y que se ubiquen notoriamente por encima del promedio de retribuciones del gobierno central.

Se recuerda en el comunicado oficial de esta organización de funcionarios que la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios es persona de derecho público no estatal, por lo tanto sus funcionarios no son empleados públicos y no prestan ningún servicio al Estado. Los artículos 59 a 65 de la Constitución que refieren a ordenanzas de la función pública no nos alcanzan en absoluto. La ley 16.736 del 5 de enero de 1996, en su artículo 5º, establece claramente que sin excepción alguna la naturaleza jurídica de la relación laboral entre personas públicas no estatales y sus empleados está regida por el derecho privado. De hecho, no «gozamos de los derechos laborales que regulan la función pública, como por ejemplo la inamovilidad, entre otros».

Agrega la Afcapu que ven gravados sus sueldos con la retención destinada al Fondo de Reconversión Laboral. «Impuesto que abarca solamente a los empleados de la actividad privada, en la que nos incluimos. Es decir que nuestras retribuciones son alcanzadas por toda la carga impositiva de la actividad privada y en caso de aprobarse esta ampliación de impuesto a las retribuciones personales también veremos mermados nuestros ingresos debido a la carga tributaria de los empleados públicos».

«Inaceptable»

Sostiene la organización sindical que «no es aceptable, desde ningún concepto, discriminar a un sector de los trabajadores como los empleados de las cajas paraestatales, como un ‘sector especial’ que como tal verá incluida en sus sueldos la aplicación de cuanto impuesto a las retribuciones han instrumentado los defensores de este modelo; ya sea que alcance a la actividad pública como privada. Como empleados no generamos ningún gasto al Estado y por tanto no incidimos en el déficit fiscal. Esto demuestra que esta medida es netamente fiscalista y que le provoca a los trabajadores la pérdida promedio de un salario al año. Por otra parte, el ministro Bensión falta a la verdad cuando afirma que esta medida no alcanza a los trabajadores de la actividad privada».

Se agrega que como gremio rechazan «tajante y conceptualmente» la aplicación de esta ampliación y del impuesto a los sueldos en su totalidad. «No somos los trabajadores los responsables de la crisis económica, sino los representantes y especuladores del sector financiero, gran y único beneficiario de esta política económica inmoral».

Finalmente la organización sindical «apela al sentido común y la honestidad de los señores legisladores, solicitándoles (que) rechacen la aplicación de esta ampliación del IRP a los trabajadores de las cajas paraestatales en particular y a los empleados públicos en general. Nos hacemos eco en las palabras del señor presidente de la República, Jorge Batlle, durante los episodios finales de la campaña electoral, en los cuales ante el debate frente a la implementación de otro conocido impuesto promovido por uno de sus adversarios políticos, sostenía enfáticamente que ‘… el país y su población no toleran un solo impuesto más… la carga tributaria en el Uruguay ya tocó su techo…’. Sin embargo hoy comprobamos que esta posición se está convirtiendo en pura demagogia». *