Gremios del taxi denuncian arbitrariedades de las patronales

Mientras los telefonistas de paradas señalaron que «jamás se les han pagado los derechos y beneficios sociales», las radiooperadoras expresaron que son vigiladas a través de cámaras de video y sufren daños en su salud.

Los telefonistas de paradas aseguran que su sector «es uno de los más postergado del ramo».

Fuentes del Sindicato Unico de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt) indicaron a LA REPUBLICA que el telefonista de parada cobra su salario por cada viaje que otorga al chofer de taxi, sueldo que fue acordado en Consejo de Salario del año 1985. De acuerdo a lo negociado en esa oportunidad, ese salario aumenta en el mismo porcentaje que la tarifa de taxis.

Pero se asegura que «los 217 trabajadores que se distribuyen en 56 paradas oficiales de Montevideo jamás han percibido los derechos y beneficios sociales».

Según el gremio, un decreto de la Intendencia Municipal de Montevideo del año 1994, que recogía parte de las reivindicaciones, fue impugnado por la patronal, ya que esta argumentó jurídicamente que no tenía relación laboral con esos trabajadores. «Desde entonces y hasta la fecha, los compañeros se cooperativizaron y reclaman ser los permisarios de esas paradas, para poder, mediante la autogestión, hacer aportes y pasar a formar parte del conjunto de los trabajadores legales del país», según el Suatt.

«Los telefonistas de parada, en su pelea por su derecho a percibir los beneficios sociales y aportar en la Caja, han tenido que enfrentar durante todos esos años a la patronal, en primer lugar, la que reivindica para sí el control de ese espacio del mercado. Segundo, a la complicidad parlamentaria de la coalición de gobierno, impugnando proyectos, y, por último, la indefinida voluntad acuerdista de la Intendencia de Montevideo, que no lauda, con base en los antecedentes, a favor de los trabajadores, por lo que no se les otorga la posibilidad de autogestionar su fuente laboral».

Situación de las

radiooperadoras En tanto, las radiooperadoras señalaron que su función «vive un marcado retroceso, al igual que otros sectores del gremio».

Ese retroceso, a su juicio, se manifiesta en el «desconocimiento de muchos de los derechos adquiridos en el pasado, y el primado exclusivo frente a ellos de la cuestión salarial. Entre aquellos derechos permanentemente violados se encuentran los vinculados a la sindicalización, a las remuneraciones, a la salud, a la privacidad, y a la seguridad, entre otros».

Dicen las operadoras de radio del taxi: «Esta situación ha dado paso a la persecución y la represión patronal, dificultando el ejercicio de la solidaridad entre trabajadoras del sector, haciendo muy difícil la pelea por los derechos que nos corresponden».

Las radiooperadoras señalan que su sector era, hasta hace poco años, «el más respetado y el mejor remunerado del gremio, situación que por diferentes motivos ha variado notoriamente. Fue el único grupo de trabajadores que mantuvo los convenios colectivos en la totalidad de las empresas hasta el año 1995 y que hasta la fecha lo hace en 5 de las 10 que existen».

Indicaron que en lo económico, de tener aumentos cuatrimestrales, de 7 puntos por encima del IPC, pasaron a quedar topeados en el 100% del mismo.

También cuestionan la problemática de salud que enfrentan. «En ese sentido el sector presenta problemas graves no reconocidos, algunos de los cuales están relacionados directamente con la tarea, por ejemplo, problemas de oído, garganta, problemas nerviosos y estrés.

Otros lo están con la rotatividad horaria».

Lo que acarrea esta labor son problemas psicológicos, sociales y físicos, como ser aquellos vinculados a la maternidad, provocando consecuencias negativas, tanto en las trabajadoras como en sus hijos. Las telefonistas denunciaron, debido a las condiciones de trabajo existentes dentro de este gremio, un alto porcentaje de partos prematuros, corto período de lactancia al darse el reintegro a sus labores.

Agregaron que «el sector está sometido a presiones de diferente índole, como por ejemplo el control con filmadoras las 24 horas del día, violándose, en por lo menos la mitad de las empresas, el derecho a la privacidad de las trabajadoras».