Se intensifican movilizaciones en el Interior llamando a votar el 18

Juan Castillo, integrante del organismo que impulsa la derogación de 13 artículos de la Ley de Urgencia, le informó a LA REPUBLICA que ya ha participado en las actividades que se realizaron en Tacuarembó, Río Negro y Salto. A partir de mañana, en tanto, se trasladará a Colonia, entre otros departamentos.

Castillo se manifestó sorprendido por la recepción que los integrantes de la Comisión pro referéndum están teniendo en los distintos lugares del Interior que han visitado. También es bueno el recibimiento que los distintos medios de comunicación le dan a la delegación cuando se presenta para informar los motivos por los cuales se quieren derogar estos artículos de la Ley de Urgencia.

 

Los artículos a derogar

Recordó el dirigente sindical del Puerto que los artículos que se quieren derogar son: 20 (que afecta la terminal de contenedores); 21 (privatiza las vías férreas de AFE); 23 (marca la injerencia del Poder Ejecutivo en la autonomía de los Entes); 34, 35 y 36 (alumbrado público y privatización); 40, 41 y 42 (transforma a la mayor industria cooperativa lechera del país); 53, 54, 55 y 56 (determina modificaciones en favor de las AFAPs). En el material que se ha comenzado a distribuir en todo el país se afirma que la Ley 17.243 (de urgencia) «es mala por lo que contiene, por lo que no contiene y por todo lo que, a partir de la misma, se puede realizar.

Esta ley, además, es el principio de toda una ofensiva de reforma estructural en las empresas públicas que persigue el objetivo de privatizar y extranjerizar las mismas. Algo similar a lo sucedido en Brasil y Argentina. Lo que compromete la soberanía del país.

Y, de transitar la misma sin contratiempos y sin resistencia de la sociedad civil y política ahondará esas reformas por medio de otras leyes, de decretos reglamentarios que la ley habilita, mediante el Presupuesto quinquenal que desnudará claramente el nuevo país que nos plantea la clase dominante. Y, contra lo cual nos enfrentaremos durante los próximos cinco años».

Se agrega que esta ley «es la continuación de la línea económica que se viene aplicando durante estos últimos treinta años; cuya consecuencia es nefasta para amplios sectores de la población».