PIT-CNT dice que Batlle culminó con los "lentos procesos privatizadores"

Se indica en el trabajo de este organismo que los tiempos han cambiado y «ya no vivimos bajo los lentos procesos privatizadores de los gobiernos de Lacalle o Sanguinetti. (Los cuales se llevaron adelante) entre ofrecimientos de coimas comprobados, aunque no castigados por la Justicia, como el famoso caso (José Luis) Ovalle (que debió renunciar al Herrerismo el 4/12/98), o los cuestionamientos del Tribunal de Cuentas, y mecanismos diversos que difirieron un proceso desregulador acorde a los tiempos modernos».

Batlle, se agrega, encontró la solución rápida con un par de leyes de urgencia y un Presupuesto que termina siendo mucho más que un proyecto de gastos e ingresos. De ahora en más, mientras algunos juntan firmas para eventuales plebiscitos, el Ejecutivo «pasa de contrabando» o por la aduana parlamentaria una fórmula de sociedades anónimas o «mixtas» con subasta de acciones, tercerizaciones o cesión del terreno público. Así, en menos de nueve meses de gobierno, las empresas públicas y servicios descentralizados van perdiendo terreno frente al avance de los intereses privados.

 

«Bocatto di cardinale»

El «bocatto di cardinale» de las privatizaciones es, sin duda, Antel, a pesar de la decisión soberana del plebiscito del 13 de diciembre de 1992. Según el senador Danilo Astori, un simple cálculo aritmético resulta en que «Uruguay pierde el 40 por ciento de sus posibilidades de recursos fiscales a través de la telefonía celular.» Pero además pierde capacidad de desarrollo tecnológico, porque nadie va a venir a adquirir un 40 por ciento de una empresa de telefonía celular, un área en permanente dinamismo y renovación, sin querer influir en su gestión; señala el Instituto Cuesta-Duarte.

Recuerda el organismo del PIT-CNT que la segunda ley de urgencia, agrega, es verdaderamente dramática para el ente estatal en cuanto permite a las Zonas Francas la «prestación de todo tipo de servicios tanto en la zona franca como desde ella a terceros países. Asimismo, las empresas instaladas como usuarias podrán prestar servicios de telecomunicaciones y desarrollar todas las actividades de la industria de la información o de los contenidos de las telecomunicaciones, con excepción del servicio público de telefonía básica cometido con exclusividad a la Antel. Entendiendo por tal la prestación a terceros de servicios de telefonía fija, conmutada y referida al tráfico nacional. Se permite el acceso a los servicios informáticos de zona franca desde todo el territorio nacional, recibiendo el mismo tratamiento tributario que los que se presten desde el exterior del país».

 

Ancel

Se autoriza a Antel a constituir una sociedad anónima por acciones, cuyo objeto será la prestación del servicio de telefonía celular terrestre que actualmente presta por medio de Ancel y cuyo patrimonio estará integrado por el activo afectado por Antel a dicho servicio, debidamente valuado.

 

Entes autónomos

Los entes autónomos y servicios descentralizados pierden buena parte de su autonomía con el artículo 23 de la primera ley de urgencia, ya que deberán dar cuenta a la OPP y al Poder Ejecutivo de sus erogaciones, presentando además un informe semestral sobre todos sus gastos e inversiones, desagregados, al Poder Ejecutivo.

Por otra parte Rentas Generales se verá beneficiada por un ingreso extra, al pasar a cobrar a los entes autónomos y servicios descentralizados la tasa a los servicios registrales, a partir del nuevo Presupuesto.

 

Puerto

La terminal de contenedores del Puerto de Montevideo es otro de los platos fuertes que desde hace tiempo genera apetitos privatizadores. La primera ley de urgencia habilitó, a través de su artículo 20, a la ANP a participar en una sociedad anónima, en la cual el socio privado contará con el 80% de las acciones. La concesión es por 30 años y la base de la subasta pública de las acciones de tan sólo dos millones de dólares, aunque por el momento fue suspendida a raíz de la presentación de las firmas para el referéndum promovido por el PIT-CNT.

 

Aduana

En lo que refiere a la Aduana, quedó aprobada la contratación de servicios tercerizados de «empresas especializadas» que eventualmente podrán sustituir, cuando y cómo convenga, a los funcionarios públicos especializados. Mientras tanto, se espera saber, en poco tiempo, luego de la costosa campaña publicitaria que el gobierno desarrolla referente al contrabando, quiénes serán los 50 funcionarios, que ganarán básicamente 40 mil pesos por mes (más los incentivos que seguramente pueden multiplicar por diez esta cifra), que se ocuparán de una especial represión al contrabando.

 

AFE

El ente ferroviario, AFE, casi liquidado por el gobierno de Sanguinetti, apostaba expectativas de reactivación con el crecimiento de la producción forestal. Ante el posible negocio, la primera ley de urgencia le asegura a las empresas privadas la posibilidad de usufructuar la concesión del uso de las líneas férreas, modificándose la carta orgánica del ente.

Pero, por si esto fuera poco, en el Presupuesto actual se garantiza la «importación de materiales y equipos adquiridos o a adquirirse por la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) o por terceros en el marco del Acuerdo entre los gobiernos de la Federación Rusa y del Uruguay sobre cancelación de la deuda de la ex URSS» sin ningún gravamen a la importación, recargos, derechos y tasas consulares, ni IVA.

 

Bancos oficiales

En cuanto a los bancos del Estado, queda eliminada la participación del BROU en la dirección de Conaprole, por la primera ley de urgencia, así como la del representante del gobierno nacional y el del gobierno departamental de Montevideo.

Igualmente varias disposiciones de la primera ley de urgencia continúan beneficiando al sector financiero especulativo que opera en las AFAPs. Se modifica la Ley 16.713, que va desde la garantía patrimonial, a la amplificación de las inversiones al 40% y a la eliminación de la garantía financiera.

Se dejan de aportar unos 35 millones de dólares anuales al BPS, por rebajas del aporte patronal de las industrias manufactureras, en un 6,5%. A esta altura ya se han transferido desde el BPS a las AFAPs más de 780 millones de dólares.

 

Ancap

Ancap pierde el monopolio de la importación y venta de asfaltos y sus derivados, al derogarse el artículo 1º de la Ley Nº 8.764, de 15 de octubre de 1931. Pero además, el ente energético, luego de haber invertido en la construcción del gasoducto Cruz del Sur, se ve afectado también por el artículo 64 de la segunda ley de urgencia.

En el mismo se establece la libre importación de gas natural al por mayor, no inferior a 5.000 metros cúbicos diarios, quedando habilitados los consumidores a elegir su proveedor «entre los agentes nacionales o extranjeros autorizados…»

 

Sodre

El Sodre pierde los proventos, «inventados» para poder finaciarse, especialmente el Canal 5, cuya idea había surgido en 1964 por uno de los fundadores del canal oficial quien nunca más que invitado a festejar los aniversarios de la televisión oficial, el entonces batllista Don Justino Zavala Carvalho.

En su lugar se le provee al Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos de una partida anual de $ 63:450.000.

 

Salud Pública

En Salud pública, el nuevo Presupuesto permite la contratación de «instituciones privadas de asistencia u organizaciones que demuestren probada capacidad de gestión en el ámbito de la salud», pudiendo incluso quedar en Montevideo y su zona limítrofe, con un número menor de operadores al
preexistente al momento de celebrar los referidos acuerdos.

Las zonas limítrofes a Montevideo las determinará el Poder Ejecutivo taxativamente; finaliza indicando el estudio del Instituto Cuesta-Duarte.