PIT-CNT exige que se entreguen documentos sobre desaparecidos

En otro orden, el responsable de la Comisión de Derechos Humanos del PIT-CNT, Luis Puig, se refirió a las expresiones realizadas ayer por el asesor presidencial Carlos Ramela, en torno a que no se darán los nombres de los informantes de la Comisión para la Paz, en caso de que la Justicia así lo requiera.

Según Ramela existe «un compromiso de las partes y, especialmente del Estado, de resguardar el anonimato de las fuentes». Este será el principal argumento que esgrimirá Ramela en caso de que la Justicia le pida que identifique a los testigos.

Puig se refirió a la decisión de la Justicia de convocar a los integrantes de la Comisión para la Paz, petitorio que fuera realizado por la central obrera hace dos meses.

«Nuestro planteo fue realizar las investigaciones en los batallones 13 y 14, autorizar a los antropólogos a realizar las mismas investigaciones en el 14 que se hicieron en el 13, y la convocatoria a Carlos Ramela, como responsable de la Comisión para la Paz, para que entregue a la Justicia toda la información que utilizó para la libertad de Juan Carlos Blanco, cuando se presentó para declarar que Elena Quinteros estaba muerta», afirmó el integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT.

Puig agregó que «como hay una causa de homicidio especialmente agravado de Blanco, la Justicia lo cita y ayer Ramela salió a decir en todos los medios que él se debe al secreto que mantiene con el Presidente de la República».

La central obrera entiende por el contrario que deben entregarse todos los elementos a la Justicia, incluidos los nombres de los testigos, porque «hay un ordenamiento legal que establece que quien conoce un delito, y más de esta magnitud, tiene que dar todos los elementos a la Justicia. El secreto que manejó con el presidente acá no corre».

Ante la interrogante de que los testigos convocados fueron informados a priori que sus nombres no serían develados, Puig sostuvo que el decreto presidencial «no fue hecho en el marco del consejo de ministros y no está basado en ninguna norma jurídica. Uruguay está obligado por convenios internacionales suscritos a cumplir con la protección a los, derechos humanos». *