Obreros destituidos piden la intervención de Batlle

Trabajadores textiles de la ex fábrica «Campomar y Soulas», de Juan Lacaze, que fueron cesados en sus tareas al producirse el golpe de Estado en 1973, elevaron un documento al presidente de la República, Jorge Batlle, en el que detallan la situación padecida desde entonces hasta la fecha y piden la intervención del primer mandatario para resolver el problema.

Ernesto Lea, Angel Guarisco y Sofía Franchetti, firmantes del informe, señalan que el mismo es un acto de «memoria para recordar con tristeza y vergüenza la dictadura que enlutó al Uruguay a partir del 27 de junio de 1973, contra la cual los trabajadores respondieron con la huelga general».

«Se encarceló y destituyó a obreros, militantes y dirigentes que respondían a la CNT» –agregan–«y dentro de esas medidas represivas el 18 de julio de ese año se procedió al despido de los primeros 53 trabajadores de Campomar», los cuales fueron separados de sus puestos «sin pago de despido, ni aguinaldo ni licencia adeudada, agregando un agravante a la ya injusta disposición de aquel gobierno inconstitucional».

Recuperada la democracia, el 28 de noviembre de 1985 se dictó la Ley 15.783 para resolver los casos de destituciones.

Sin embargo, estos obreros de la fábrica lacacina quedaron excluidos, a pesar de que «fuimos perjudicados por las mismas normas de la dictadura, por el mismo decreto y por orden del mismo dictador», advierten.

Confianza en Batlle

Los ex-textiles de Juan Lacaze recuerdan que «hemos venido reclamando a todos los gobiernos anteriores, y ahora lo hacemos con el doctor Batlle, porque estamos esperanzados de que actúe de forma distinta a los anteriores gobernantes y que haga prevalecer la justicia y no el olvido». En su petición, figuran como puntos principales «indemnización por despido, seguro de paro, licencia y aguinaldo generados hasta el momento del despido y jubilación para los obreros despedidos, considerando que ésta no debería ser menor a los cinco salarios mínimos».

También se puso a disposición del presidente Batlle toda la documentación que se empleó en 1973 para dejarlos sin trabajo. «La nómina de destituidos de Campomar está en el Juzgado Letrado de la ciudad de Rosario, donde se nos dijo que nuestros derechos quedaron nulos a causa de un decreto de gobierno, y que para contemplar nuestro caso es necesario que se promulgue una nueva ley que nos devuelva esos derechos perdidos».

De los 53 destituidos, 8 fallecieron y el resto «se encuentra en situación más que difícil, teniendo en cuenta que hace 27 años se quedaron sin trabajo, ya eran todos mayores de edad y de ahí en más nunca consiguieron una ocupación estable».

Los reclamantes concluyeron su informe augurándole al presidente Batlle «un buen gobierno, para que podamos recordarlo de la mejor manera».