Comisión de Defensa del Agua aclaró alcances de la reforma

El encuentro tuvo lugar ayer en la sala Paulina Luisi del Anexo del Poder Legislativo, con el objetivo de informar sobre los alcances del plebiscito.

Los impulsores de la iniciativa, a dirimirse el último domingo de octubre junto con las elecciones nacionales, aspiran a que el vital elemento sea considerado como un recurso esencial y un derecho humano fundamental. Y que la prestación del servicio de agua potable y saneamiento debe ser realizada por entidades estatales.

También la reforma constitucional, en caso de que la papeleta por el Sí obtenga el 50% más uno de los votos, prevé la creación de un marco constitucional para legislar una política nacional en la materia. La aprobación de la misma establece que la norma tenga rango constitucional.

En este sentido, los disertantes dejaron en claro que, contrariamente a lo expresado por algunos dirigentes políticos del Partido Colorado y del Partido Nacional, la reforma expresa que «sólo queda en manos del Estado lo referente a servicios de agua potable y saneamiento». Por lo tanto, señalaron, quedan excluidos las empresas embotelladoras de agua y el uso de aguas termales.

«Terrorismo verbal»

El doctor Guillermo García Duchini sostuvo que las aguas superficiales y subterráneas, con exclusión de las fluviales, integran el dominio público. «Hemos asistido en estos días a un verdadero terrorismo verbal sobre este tema», sostuvo el integrante de la comisión.

«Nadie puede decir que las aguas subterráneas no sean de dominio público en nuestro país. Ya en 1969, la Ley 13.737 establecía que el agua que sea capaz de satisfacer o satisfaga necesidades colectivas pertenece al dominio público. Por lo tanto se la declaró de dominio público. ¿Dónde están entonces las demandas, las catástrofes, el caos?», señaló García, en referencia a quienes pronostican que, en caso de aprobarse la reforma, el Estado deberá indemnizar a las empresas concesionarias Uragua y Aguas de la Costa.

«Hoy, un emprendimiento termal, que da trabajo a mucha gente y promueve el desarrollo de muchas zonas, debe ser apuntalado y respaldado. De ninguna manera en este proyecto se está disponiendo que esos emprendimientos queden sin efecto. Eso lo dicen para confundir», sostuvo García Duchini.

«En lo que hace a las reparaciones económicas claramente se establece que no se generarán indemnizaciones por lucro cesante, reembolsándose únicamente las inversiones no amortizables», afirmó.

Por su parte, la contadora Graciela Rodríguez centró su exposición en algunos aspectos económicos. «Lo primero que nos enseñan cuando entramos a la Facultad de Economía es que cuando un bien se vuelve escaso su precio aumenta. A menor oferta, su precio se incrementa.

Es el caso del agua que ya se está volviendo escasa a nivel mundial», señaló la profesional.

Agregó que en aquellos sectores del mercado que se obtienen ganancias son «un llamativo importante para las empresas privadas. También es el caso de los servicios de agua potable y de los servicios de saneamiento».

Ante la escasez de agua en el futuro, la tendencia internacional marca la necesidad de una legislación clara al respecto.

«De ahí que nosotros seguimos la tendencia mundial del cuidado del recurso y de tratar de que el bien agua no forme parte del mercado. Que no se rija por las reglas de la oferta y la demanda del mercado sino por otros parámetros», sostuvo Rodríguez.

«La consecuencia inevitable de esta concepción que está en la reforma es que la intervención del Estado en el mercado agua debe ser importante. Por eso se debe establecer que solamente personas jurídicas estatales pueden hacerse cargo de la gestión de los servicios de agua potable y saneamiento», sostuvo.

Con la mira en el Sur

El ingeniero agrónomo Ricardo Cayssials se refirió a la dimensión ambiental de la propuesta. Subrayó que el ordenamiento del territorio, la conservación y preservación del medio ambiente, la restauración de la naturaleza, así como la gestión sustentable de los recursos hídricos representan un asunto de interés general.

El economista Daniel Olesker se refirió a la importancia de la reforma en la actual coyuntura. «Quizá hace diez años los procesos de privatización del agua no estaban en el orden del día, pero hoy sí. El Instituto Cuesta Duarte forma parte de una red –el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales–, donde uno de los temas que trabajamos es las alternativas de América Latina ante la hegemonía norteamericana».

Afirmó que un trabajo en este sentido da cuenta de que existen tres factores clave en la estrategia política de EEUU: el agua, la biodiversidad y el petróleo.

A partir de la ubicación geográfica en el continente latinoamericano de estas prioridades, se sumó la posición de las bases militares instaladas en la última década.

La conclusión, según manifestó el economista, no deja lugar a dudas.

«Si se montan ambos mapas, el que marca las prioridades y el de las bases militares, uno se encuentra con una perfecta superposición entre la presencia dominante de estos tres factores con las bases militares, tanto las que existen, como las que intentaron instalar», afirmó Olesker. *