La Comisión de Defensa del Agua denuncia campaña de desinformación

A menos de una semana de las elecciones internas las diferentes organizaciones sociales, gremiales y ecológicas que integran la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, se aprestan a lanzar una «campaña de información» con miras a las elecciones nacionales del 31 de octubre, donde también se dirimirá dicha reforma constitucional.

Adriana Marquisio, integrante de la Federación de Funcionarios de OSE (Ffose) y de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, dijo ayer a LA REPUBLICA que las expresiones de algunos actores políticos afirmando que, de prosperar la iniciativa, se estaría perjudicando a un sector de la industria y del turismo, «no es cierta y obedece a una campaña de desinformación».

De hecho y para aventar toda duda, este lunes se realizará una conferencia de prensa donde fueron invitados la Cámara de Industria, empresarios turísticos, empresas embotelladoras del vital líquido, empresas concesionarias y todos los partidos políticos. También participarán el senador socialista José Korzeniak, el constitucionalista Horacio Casinelli Munoz y el economista Daniel Olesker.

«La idea es informar a la población y a todos los actores involucrados los reales alcances de la reforma constitucional. Las últimas declaraciones públicas de personalidades como De Posada, Gallinal, Hierro López, Sanguinetti y Lacalle son capciosas. Afirman que la iniciativa sería perjudicial porque ahuyentaría a inversores privados. Y eso es totalmente falso. Las invitaciones para la conferencia fueron cursadas de forma certificadas, para que nadie diga que no le llegó», subrayó Marquisio.

 

Un bien preciado

De hecho, en la reunión se informará sobre las repercusiones jurídicas, económicas y ambientales que implicaría la aprobación de la reforma. En este sentido, el doctor Guillermo García Duchini explicará el alcance jurídico.

«Aspiramos a que el agua sea un recurso esencial y un derecho humano. También la creación de un marco constitucional para legislar una política nacional de agua, así como la necesidad de que el dominio de la misma tenga rango constitucional», manifestó la gremialista.

En materia económica, uno de los puntos esgrimidos por quienes están en contra de la iniciativa abordará las reparaciones que deberían aplicarse a partir de la reforma.

«De aprobarse, serán enfocadas particularmente a las concesiones de agua potable y saneamiento. Es decir Uragua y Aguas de la Costa. Sólo en estos casos quedarían inconstitucional. El uso y aprovechamiento quedan bajo la órbita de la legislación vigente  el Código de Agua  que tiene la potestad de habilitarlos o cancelarlos», explicó Marquisio.

Según los impulsores, la reforma establece el acceso al agua como un derecho humano fundamental; sólo limita la gestión de los servicios de agua potable y saneamiento a la órbita estatal, y promueve la generación nacional de aguas, desde el marco de sustentabilidad del recurso.

Para que sea aprobada, la papeleta por el SI deberá contar con más del 50% del electorado, aproximadamente unas 1.300.000 adhesiones.

En cuanto a las expresiones del precandidato nacionalista Jorge Larrañaga, quien firmó por el plebiscito, aunque ahora es partidario de una propuesta alternativa, María Selva Ortiz, también integrante de la comisión, sostuvo que «por lo que sabemos, el sector de Larrañaga no está trabajando en esa alternativa. Creemos que los intereses que se mueven a favor de un sustitutivo provienen de sectores que están pensando en un futuro lucrar con este servicio. También apostamos a que Larrañaga sea coherente y no caiga en contradicciones en plena campaña electoral». *