Jubilados exigirán destitución de Myra Tebot y directores del BPS

Pese a que el Parlamento aprobó y ratificó la Ley 17.550 que establece que los jubilados y pensionistas tienen la opción de elegir el lugar de cobro, sea en los locales del propio organismo o en el de las empresas tercerizadas, hasta el momento la normativa no se aplica.

A juicio de los convocantes, el no cumplimiento de dicha normativa es responsabilidad de la mayoría del Directorio del BPS y la gerente general, Myra Tebot, a la que catalogaron como «la enemiga pública Nº1 de los trabajadores y los jubilados».

Durante la jornada también se exigirá la no supresión de 10 cajas de cobro en la sede central del organismo, el pago de pasividades en las seis agencias habilitadas en un plazo no mayor a los tres días y la apertura de los pagos en las 84 agencias restantes en todo el país. Otro de los puntos que figuran en la plataforma reivindicativa es que el comienzo de los pagos de jubilaciones y pensiones no se extienda más allá del cuarto día hábil de cada mes.

El secretario general de la coordinadora, Héctor Morales, recordó: «Desde hace dos años venimos reclamando la aplicación correcta de la ley. Concurrimos al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y al Parlamento para exigir su aplicación. Hasta ahora todo ha sido en vano debido a los obstáculos que ha puesto sistemáticamente la Gerencia General para el cumplimiento de la normativa».

Según el dirigente, la violación de la ley obedece «a que detrás de todo esto hay enormes sumas de dinero de comisión a esas empresas para pagar las pasividades en la forma deshumanizada en que lo hacen en locales totalmente inadecuados para atender a los jubilados y pensionistas».

Siete millones de dólares por tercerización de pagos

Morales agregó que estos locales no reúnen las condiciones necesarias, ya que no cuentan con baños, asientos, ni cobertura médica.

«El BPS le paga a las empresas tercerizadas para que éstas, a su vez, nos abonen las pasividades. He visto caer compañeros fulminados en invierno haciendo colas de seis o siete cuadras a la intemperie. Por esto, el BPS les paga siete millones de dólares a estas empresas», manifestó.

También hizo referencia a la demora en el pago de las pasividades, ya que el dinero permanece en manos de estas empresas durante casi una semana antes de efectivizarse los cobros.

«Esto es una bicicleteada», graficó Morales. «El dinero para abonar las pasividades es utilizado en transferencias y depósitos bancarios. De esta manera logran grandes sumas por concepto de intereses sin arriesgar un solo peso de sus bolsillos», concluyó.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, Adolfo Bertoni, dijo anoche a LA REPUBLICA que en varias oportunidades el gremio denunció en el Parlamento que la implementación de la Ley 17.550 representa una «burla» al objetivo buscado por los legisladores.

«No existe libertad de opción a la hora de elegir el local de cobro. Si cobran fuera del BPS, es a partir del 5 de cada mes. Si eligen los locales del organismo, los pagos comienzan varios días después. Por lo tanto, si eligen cobrar en el BPS se están autocastigando. Es decir que la libertad de opción es engañosa», sostuvo el dirigente gremial.

También se refirió al probable cierre de diez cajas en el edificio central. De concretarse el hecho, se estaría «desmantelando» el BPS ya que los jubilados que allí cobran no tendrían otra opción que hacerlo en los locales tercerizados.

«Aquí hay varias cosas que nos llama la atención como sindicato. Por ejemplo que Myra Tebot promueva esta instrumentación de la ley a favor de las empresas privadas cuando estaba en contra.

También que los directores Daniel Delgado Sicco y Luis Herrera asuman la misma posición, cuando ambos son del Partido Nacional. Fue esa fuerza política una de las dos promotoras de la ley», manifestó Bertoni

Agregó que el aval del director Norberto Sanguinetti también resulta extraño ya que el origen de la norma se remonta a 2000 con una minuta de comunicación firmada por la totalidad de los diputados del Foro Batllista, sector político al que pertenece el jerarca.

«Promovieron la ley para la tribuna y ahora permiten que se instrumente en forma equivocada», manifestó el sindicalista. *