La carta que no llegó
«Quemá esas cartas»
La carta abierta que la MSC no pudo dar a conocer en las barras de la Cámara de Representantes señala que los parlamentarios colorados y blancos «se han olvidado rápidamente de sus promesas preelectorales impulsando este proyecto de ley que es una puñalada al corazón de la industria nacional, de las empresas públicas, del agro, del trabajo, de la esperanza y del futuro».
Afirma la misiva que «de votarse esta ley de urgencia se hipoteca lo que queda de las empresas del Estado, se entregan áreas estratégicas de la producción nacional dejándolas en manos de especuladores extranjeros y multinacionales. Las cuales terminarán por adueñase definitivamente del aparato productivo nacional. Los trabajadores de este país le decimos que urgente es el trabajo, el salario, la salud, la vivienda, la educación».
Indican los sindicatos de los entes que: «Ustedes señores legisladores que están sentados aquí porque el pueblo los puso, que cobran un sueldo que nosotros pagamos, han trampeado, burlando la buena fe y confianza de los uruguayos».
Se agrega que «este proyecto de ley solamente refleja la componenda de acomodos personales en pago de favores políticos, agraviando al pueblo, generando con su proceder vergonzoso, con su insensibilidad a las reales necesidades de la gente, el descreimiento en las instituciones democráticas, en política y fundamentalmente en los políticos».
«A pesar de la vergonzante imagen que ustedes dan al país, nosotros los trabajadores de esta patria, seguimos soñando con las empresas públicas, patrimonio de todos los uruguayos en manos del Estado, con una industria nacional en auge, con un agro produciendo y no fundido», se sostiene.
Y culmina la declaración afirmando que «seguimos pensando un Uruguay distinto, con trabajo, salario, salud y vivienda para todos».
«Denigran papel parlamentario»
El PIT-CNT hizo pública recientemente una declaración en la cual sostiene que el proyecto de ley de urgente consideración que hoy continúa discutiéndose en la Cámara de Representantes, por su contenido, «menoscaba la democracia». El artículado es «fruto de un acuerdo político suscrito (por colorados y blancos) en sus sedes partidarias, previo a la alianza electoral» de noviembre del año pasado que se hizo bajo la consigna «llegó la hora de votar juntos».
Para la central sindical este accionar legislativo «denigra el papel de la actividad parlamentaria. Porque, se niegan a recibir propuestas, aportes y críticas. Porque, no escuchan razones ni argumentos. Además, no están dispuestos a corregir ni una coma, aunque sean conscientes de los perjuicios que ocasionarán».
Sostiene el documento obrero que con la aprobación de la ley en discusión se «estafa a nuestro pueblo. El soberano que ya se expresó el 13 de diciembre de 1992, cuando en consulta popular el 72% de los habilitados a votar dijo no a la privatización de las empresas del Estado».
Además, «profundizan la injusticia y la exclusión social, porque contiene medidas que tratan a todos los productores, las industrias manufactureras y las agroindustrias por igual. Haciendo rebajas de aportes o contribuciones que significan para algunos 150 pesos por mes y para los más grandes varios miles de dólares. Destruyen, incluso, nuestra principal industria láctea, su forma de producción cooperativa, creando mecanismos para que las grandes multinacionales se adueñen de la misma».
Continúa señalándose en el documento que colorados y blancos «juegan con las necesidades de la gente, al llamarla ley de urgencia. Ya que no contempla en ninguno de los 89 artículos los problemas más acuciantes de nuestro pueblo: la creación de puestos de trabajo, la defensa de la industria nacional, el aumento de salarios y jubilaciones, la creación de mecanismos para la negociación colectiva y la libertad sindical, la construcción de viviendas, la atención de la salud o medios para la enseñanza, etcétera. Y, para poder hacerlo sin testigos, aislados del pueblo y a espaldas de sus necesidades, mandaron a desalojar las barras del Parlamento».
«Más allá que tengan los votos, carecen de razones y fundamentos», sentencia la central sindical.
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