Diputados de izquierda cuestionan al MTSS por conflictos públicos

En el seno de la Comisión de Legislación del Trabajo y en particular entre los legisladores del Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA) existe preocupación por lo que se considera como «dualidad de criterio» de parte del MTSS en cuanto a la solución de conflictos «en la esfera pública y privada».

Las afirmaciones de los sucesivos ministros del ramo quienes han planteado ante el Parlamento que «no es de su competencia todo lo que ocurre con relación al derecho laboral en el ámbito público» desencadenó, a esta altura, una antigua preocupación de la izquierda y que ahora ha retomado fuerzas a raíz de los recientes conflictos de diversos organismos.

En ese sentido, los dos hechos relevantes para que la comisión parlamentaria decidiera solicitar el pronunciamiento tanto de la OIT como de la Universidad de la República fue, por un lado, la situación de los funcionarios de la Corte Electoral, organismo que «desconoció el derecho de sindicalización de sus funcionarios» y, por otro lado, el despido de 134 trabajadores, «por desarrollar actividad gremial» del Banco de Crédito, en definitiva un banco oficial.

Por lo que la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes resolvió, por unanimidad, consultar a cerca del rol que cumple el MTSS y por la dualidad de criterios que maneja, ya que se considera que emplea un tratamiento urgente y rápido cuando se trata de reclamos del ámbito privado y, por otro lado, lento cuando analiza conflictos provenientes de la órbita oficial.

 

Lo público y lo privado

La diputada Nora Castro (Movimiento de Participación Popular) sostuvo que afirmar que no compete al MTSS analizar todo lo que ocurre con referencia al derecho laboral en el ámbito público es «una aberración desde el punto de vista del derecho porque hay jurisprudencia al respecto».

En el mismo sentido, el diputado Juan José Bentancor (Vertiente Artiguista) señaló que para la bancada del EP-FA «en principio no es razonable que exista este tipo de diferenciación que, sin embargo, se ha visto en más de un conflicto de la esfera pública».

Ambos legisladores, coincidieron en que es necesario aplicar la legislación vigente en cuanto a un tratamiento igualitario, y agregaron que si eventualmente pudieran faltar instrumentos de carácter legislativo, estarían dispuestos a ofrecerlos.

 

BCU al Parlamento

En otro orden, el Directorio del Banco Central del Uruguay (BCU) deberá explicar ante el Parlamento su posición sobre las denuncias que realizaron días pasados representantes de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) referidas a que es «muy poco transparente» el proceso de venta de las carteras de clientes del Banco de Crédito».

El presidente de AEBU, Juan José Ramos, sostuvo ante la Comisión parlamentaria como «muy poco transparente» el proceso de venta de la cartera del Banco de Crédito. Asimismo, señaló que el BCU «va a terminar haciendo un gran papelón».

Los dirigentes gremiales denunciaron la actitud «antisindical» del BCU por la decisión de despedir a 134 funcionarios del Banco de Crédito. Asimismo, expresaron que «no se está dando cumplimiento» al convenio firmado entre AEBU y los Bancos Central, República y de Seguros del Estado del 4 de setiembre, por el que, por cada tres funcionarios que se jubilaran de cada una de dichas instituciones, ingresaría al menos uno del Banco de Crédito. El grupo parlamentario de labor ha hecho llegar al Directorio del BCU la versión taquigráfica de la sesión en la que se recibió a AEBU en función de lo cual requieran los puntos de vistas del directorio de la autoridad monetaria. Asimismo, Bentancor señaló que le preocupa la respuesta que dio el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Santiago Pérez del Castillo «a estos temas que en general comprende lo que son las situaciones de violentar las libertades sindicales». *