Subagentes de Quiniela proponen estatizar todos los juegos de azar

La Unión de Subagentes de Quiniela y Tómbola se mostró partidaria de que el nuevo gobierno que asuma en marzo de 2005 estudie la posibilidad de estatizar los juegos de azar, hoy en manos de la banca privada.

El representante legal de los subagentes de Quiniela y Tómbola, Ricardo Bonatti, advirtió que de implementarse la resolución de Antel Nº 162/04 (acta Nº 2039, con fecha 12 de febrero del presente año), que establece la habilitación de un 0900 para recepcionar apuestas del 5 de Oro, unos diez mil subagentes distribuidos en todo el país verían peligrar su fuente de ingresos.

En otro orden, planteó la posibilidad de estatizar los juegos de azar  quiniela y tómbola , y por ende destinar las ganancias de éstos a sectores necesitados como la salud y la educación.

«La Quiniela arroja grandes ganancias. Y el 5 de Oro y la Tómbola no tienen pérdidas. Hoy, estos juegos no tendrían que estar en manos privadas ya que ese dinero podría ser invertido en áreas sociales, como la salud y educación. Los subagentes pasaríamos entonces a ser empleados estatales», explicó Bonatti.

 

«Falta de garantías»

En cuanto a la resolución del ente de las telecomunicaciones de habilitar un 0900, la misma fue adoptada tras el pedido del ex director de Loterías y Quinielas, Julio Monterroso, actualmente separado del cargo, debido a informes de la Auditoría Interna de la Nación que detectaron una serie de irregularidades.

El órgano contralor, tal como informara LA REPUBLICA a raíz de un denuncia realizada por la Asociación de Funcionarios de la Dirección de Loterías y Quinielas, constató una serie de irregularidades cuya responsabilidad sería del propio Monterroso y de otros dos ex jerarcas, Celmar Cruz y Ruth Devita, ambos encargados de la División Inspección General del organismo.

«Por lo que sabemos, Antel arrancaría con el 5 de Oro, luego con la Tómbola y, finalmente, con la Quiniela. Esto pone en riesgo el trabajo de diez mil subagentes y sus familias que dependen de la recepción de apuestas», afirmó Bonatti.

Otro de los puntos esgrimidos por el representante legal de la Unión de Subagentes de Quiniela y Tómbola es que la concesión por parte de Antel de una línea telefónica para que el apostador pueda jugar desde su casa sin tener que concurrir a las subagencias se contradice con la normativa vigente.

De hecho, los artículos 13 y 15 correspondientes al decreto 635/89 del juego 5 de Oro, establecen claramente que las apuestas «deben realizarse en locales habilitados y ante la presencia del apostador».

También existen diferencias en cuanto a las garantías de los potenciales apostadores. Según Bonatti, la apuesta por teléfono, a ser descontada de la factura del Antel del mes siguiente, deja al apostador sin los recaudos jurídicos necesarios en caso de que resulte ganador.

«En caso de que los números elegidos sean los ganadores ¿qué boleta le acredita al apostador haber ganado? La boleta, virtual, estará en una computadora y no en manos del apostador. Esto descalifica totalmente a la banca de cubierta colectiva de quinielas, que en el afán de ahorrarse un peso por apuesta, no le importa dejar sin trabajo a diez mil subagentes», señaló ayer Bonatti a LA REPUBLICA.

En tanto, el vicepresidente de la organización que nuclea a los subagentes, Sergio González, recordó que tanto agentes como subagentes hace 60 años que están con un permiso precario.

«Cuando se oficializó la Quiniela en 1939, los receptores de apuestas eran clandestinos. El gobierno de entonces, al no poder combatirlos, decidió que abonaran un impuesto y, al mismo tiempo, otorgarles un permiso precario. Esto nunca fue modificado», señaló González.

Según el dirigente de la asociación, esta no es la primera vez que los subagentes son perjudicados ya que a comienzos de la década del 90, el Ministerio de Economía y Finanzas estableció un gravamen sobre la recaudación de los receptores de apuestas.»Entre 1991 y 1993, el Ministerio de Economía nos cobró un impuesto a todos los subagentes que nos correspondía. Se recaudó aproximadamente seis millones de dólares. A pesar de que se demostró que la quita era ilegal, los legisladores, a través de una ley sustitutiva, se encargaron de no devolvernos nada», afirmó González. *