Ex funcionarios del Frigorífico Melilla reclaman el pago de indemnizaciones
Los trabajadores tienen previsto realizar una concentración en la plaza 12 de Octubre, ubicada sobre la avenida Lezica, el próximo 17 de abril, para manifestar su malestar ya que desde el cierre del frigorífico, hace 24 años, los responsables de la empresa nunca le abonaron los dineros adeudados. Durante casi un cuarto de siglo, los ex obreros se han reunido con diferentes sectores políticos en busca de una solución a sus reclamos.
En este sentido, los trabajadores exigen que se cumpla con la Ley 15.105 del 19 de octubre de 1994, la cual establece en su artículo 1º que se declare a los trabajadores del Melilla que acrediten haberse amparado al régimen especial preceptuado por el artículo 1 del decreto 436/979 del 1 de agosto de 1979 el derecho a recibir una indemnización.
El artículo 4º de la ley de marras expresa que la Comisión Interventora, encargada de la administración y posterior liquidación del frigorífico, sería la encargada de abonar los adeudos. Dicha comisión es del propio Banco de la República del Uruguay ya que desde 1961, cuando los propietarios de la empresa se endeudaron en tres millones de dólares con el banco estatal, el inmueble fue transferido al BROU.
La planta frigorífica fue explotada por los trabajadores desde 1961 hasta 1979, año en el que la dictadura militar decidió liquidar cuatro establecimientos del sector cárnico. Entre ellos, se incluía el Melilla.
La decisión de liquidar el establecimiento dejó sin trabajo a 480 empleados, quienes nunca recibieron la correspondiente indemnización, según afirmó Juan Carlos Duarte, uno de los trabajadores perjudicados, a LA REPUBLICA,
«Nunca se nos pagó un peso. Apenas recibimos un sueldo correspondiente a mayo de 1980. En los otros tres frigoríficos liquidados se les abonó el total de lo adeudado», sostuvo Duarte.
Periplo kafkiano
La historia más reciente del periplo de los ex empleados del establecimiento cárnico se remite a 1993, durante la administración del entonces presidente Luis Alberto Lacalle, cuando se vetó el pago de los haberes adeudados. «En ese momento, decidimos presentar una intervención por la vía judicial, pero quedó en nada», manifestó Duarte.
Según el entrevistado, existen U$S 3 millones depositados en una cuenta en el BROU que deben ser destinados al pago de las indemnizaciones de los 480 ex trabajadores.
«Esa plata nos correponde al colectivo de quienes trabajamos en el frigorífico y nos amparamos al régimen especial. Sin embargo, el dinero sigue sin aparecer», afirmó Duarte.
A juicio de los damnificados, existen varios puntos confusos. «Nos llama la atención que el frigorífico Melilla esté en funcionamiento y se comercialicen productos de procedencia argentina con el sello ‘Melilla’, ya que la marca no pertenece a quienes están actualmente al frente del establecimiento. Además, tenemos información que abonan mensualmente cinco mil dólares por concepto de alquiler, pero desconocemos cuál es el destino de ese dinero», concluyó el denunciante. *
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