Gremio de la construcción advirtió sobre "persecución sindical" en Nueva Palmira

Las empresas Fiturel y Quilafen, que están construyendo silos de almacenaje en Nueva Palmira dejaron cesantes a más de 100 trabajadores sindicalizados. El Sindicato Unico de la Construcción y Afines (Sunca) calificó el hecho de «represalia sindical».

Así puede interpretarse a través de lo expresado por Alberto Figueredo, dirigente integrante de la mesa departamental del Sunca, quien en conversación con LA REPUBLICA, recordó que en varias oportunidades estuvo en Nueva Palmira conversando con trabajadores del sector «y siempre percibimos un rechazo empresario hacia nuestra organización».

«Primero fuimos en noviembre», detalló el gremialista, «a hablar sobre préstamos para viviendas para trabajadores de la construcción, y se nos prohibió la entrada en las empresas Fiturel y Quilafen, que están construyendo silos de almacenamiento. Posteriormente, en diciembre fuimos por los útiles escolares, y también nos costó entrar. Todo el proceso era muy burocrático. Recién en enero logramos entrar y hacer una asamblea sobre seguridad e higiene».

El dirigente explicó a este matutino los alcances de la ley sobre seguridad e higiene, la cual establece que los trabajadores tienen derecho a nombrar a un delegado. El representante gremial elegido tiene potestades específicas a coordinar con la empresa en temas relacionados con la seguridad y la higiene.

«Negociamos las diferencias que había en cuanto a salarios en varias categorías. Estaban pagando como serenos a quienes eran peones prácticos, y dijeron que iban a regularizar la situación lo antes posible. Sabíamos que pagaban salarios menores a los correspondientes, que tampoco hacían aportes y que el 50% del personal estaba en negro», manifestó Figueredo.

El sindicalista, agregó que si bien es entendible que, ante la proximidad de terminación de un obra, disminuye la cantidad de operarios, «esto se hace con ciertos criterios acordados». «A la semana de haber negociado ese punto con nosotros, sacaron ochenta y cinco trabajadores de una obra y veinte de la otra. Pero, qué casualidad que ahí cayeron todos los delegados elegidos, y un 90 por ciento de afiliados al sindicato. ¿Si eso no es una represión, qué es entonces?», se preguntó el dirigente.

Finalmente, Figueredo aseguró que las empresas «están jugando con la necesidad de los trabajadores, ya que estos están vendiendo su dignidad por un plato de comida. Hasta han tratado a los trabajadores palmirenses de muertos de hambre, y ellos, por la comida, han tenido que soportar esos insultos y manoseos. El hecho de que vengan a invertir, no les da derecho a tratar de explotarnos y a enfrentar a un trabajador con otro».

Figueredo, informó que el próximo paso será «tener una reunión con las empresas. Si no nos permiten el acceso, lo haremos a través del Ministerio de Trabajo. Esto va a ser una complicación, pero no para nosotros, sino para ellos». *