Municipales sanduceros e Intendencia unidos contra impugnación de curules

Representantes del sindicato de Trabajadores Municipales de Paysandú y de la comuna sanducera iniciaron ayer en Montevideo una ronda de contactos políticos a fin de que no prospere el recurso de impugnación a una resolución de la Intendencia Municipal de Paysandú (IMP), interpuesto por ediles del Frente Amplio, y algunos curules del Partido Nacional y el Partido Colorado.

La delegación, integrada por los sindicalistas Lucía Margni (presidenta), Nery Bianco (sectretario general), Juan Cano, y el director de Obras de la IMP, Miguel Otegui, se reunió ayer con legisladores blancos y colorados. También mantuvieron un encuentro con el prosecretario de la Presidencia, Leonardo Costa, oriundo del departamento litoraleño.

El curioso hecho de que sindicato e Intendencia trabajen juntos se debe a que, en diciembre del año pasado, los diez ediles del Frente Amplio, cuatro del Partido Nacional y dos del Partido Colorado (Foro Batllista) presentaron un recurso de impugnación ante la Cámara de Representantes, según se establece en el artículo 303 de la Constitución.

La delegación de trabajadores e Intendencia intenta que esta impugnación no prospere. «Nosotros cuestionamos esta medida porque se están lesionando los derechos de 568 trabajadores, porque en esa resolución se establecen ascensos -cosa que no era común en el municipio-, hay presupuestación de funcionarios, hay regularización de los trabajadores que iban a pasar a la calidad de funcionarios e iban a generar todos los derechos que tienen los trabajadores», relató Bianco.

«Eso está hoy todo cuestionado, y si el Parlamento no resuelve, quedarían lesionados los derechos de los trabajadores». Agregó que quienes impugnan la medida «argumentan que en la presupuestación hay funcionarios que son de particular confianza del municipio».

En tal sentido, Bianco reconoció que se trata de cinco casos, pero explicó que ingresarán en el último grado del escalafón. Opinó que los curules debieron cuestionar este aspecto de la resolución pero no el resto de la medida, que beneficiaría a casi el 50% de los funcionarios municipales de Paysandú.

La Cámara de Representantes tiene 60 días para resolver. Transcurrido ese plazo sin pronunciamiento, «el recurso se tendrá por no interpuesto», según establece la Constitución. *