Funcionarios de la Biblioteca Nacional reclaman implementación de impuestos a las obras de arte
En dialogo con LA REPUBLICA, la vicepresidenta del sindicato de la Biblioteca Nacional, Ana Pioli, explicó: «es un impuesto a la compra de obras de arte nacionales, establecido en la ley 16.320 en su articulo 265, redactada en noviembre de 1992″.
Esta ley tiene catorce años y todavía no ha sido aprobado pese a que hay un escrito en el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), que todavía no se ha firmado.
Los funcionarios reclaman que la ley se firme y se apruebe. La ley para su aprobación necesita la firma del ministro Leonardo Guzmán del MEC, del presidente Jorge Batlle y del ministro Isaac Alfie, de Economía y Finanzas.
Esa ley determina que las obras de arte nacionales se gravan con un 5% de impuestos que serán volcados, a la Comisión de Patrimonio y la otra mitad a la Biblioteca Nacional.
De esa mitad que corresponde a la Biblioteca, un 80% va para los funcionarios y el restante 20% para gastos de funcionamiento de la Biblioteca Nacional.
«Tenemos en nuestra contra a los grandes coleccionistas de este país, como Julio María Sanguinetti, que están poniendo palos en la rueda, para que la ley no salga», acusó.
La ley fue creada en el año 1992 cuando el MEC era presidido por el doctor Antonio Mercader, quien aseguró a los funcionarios que la ley no iba a aprobarse. Luego el ministerio paso a ser de Yamandú Fau que planteó que iba a haber muchos problemas para su resolución.
Para los funcionarios es muy importante el 20% que se destinaría a la Biblioteca Nacional por que esta «muy venida a menos».
«Eso de que automatizamos y hacemos pedidos por internet son cosas falsas. No existe nada de eso. Seguimos trabajando artesanalmente con las tarjetas en los ficheros», indicó.
«No tenemos encuadernación ni podemos restaurar. Hay muy poca microfilmación. No se compran libros: No tenemos funcionarios. La biblioteca esta cada día peor», se lamentó.
El lunes, a las 16:00 horas, el sindicato se reunirá en el MEC con los otros sindicatos del Estado que están en conflicto, junto a una delegación de COFE. *
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