PIT-CNT declaró "en conflicto" los puestos de cajero en el BPS

La gerente general Myra Tebot había impulsado al Directorio del organismo a «consultar» al sistema financiero para «privatizar» los cargos, y de inmediato elaboró un llamado a licitación.

El tema está a consideración del Directorio, que a su vez está a la espera de un informe de la Sala de Abogados que fuera solicitado por el director blanco Daniel Delgado Sicco. La iniciativa de Tebot, se estima, no contaría con los votos necesarios para su aprobación.

La central obrera decidió además «dar su respaldo absoluto y su acompañamiento constante» a la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS), y al «representante» del PIT-CNT en el Directorio, «en la lucha y acciones tendientes a mantener al BPS como opción de pago con sus propios funcionarios y funcionarias cumpliendo con la tarea de pagar».

La mesa del PIT-CNT tuvo en consideración que «la última decisión a estudio de la Administración, impulsada por Myra Tebot -quien cumple el rol de interventora en el BPS- es un ataque directo al movimiento sindical y a los poderes democráticos, imponiendo una privatización caprichosa y sin sentido en una pulseada para demostrar su poder, ya en que en tres oportunidades el Parlamento ha refrendado su voluntad de que el BPS sea una opción de pago y que en cada una de ellas la Administración ha buscado la manera de obviar las resoluciones» del Poder Legislativo.

Según denuncias de ATTS, el conflicto por los puestos de cajeros comenzó en los años 2000 y 2002 cuando, «impulsado por Myra Tebot», el BPS «expulsó» primero a 140 mil jubilados y luego a otros más de 100 mil «que querían seguir cobrando en locales del BPS en Montevideo y en el interior.

La calificada «expulsión» redundó en beneficio de empresas privadas que efectúan cobros y pagos en locales particulares.

En el año 2002, también según ATSS, «se pretendió cerrar el último local que aún funcionaba, en el edificio central, hecho que originó la creación de una acción conjunta entre el sindicato, la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, y el Movimiento de Defensa de la Seguridad Social, así como la organización de los comerciantes formales e informales de El Cordón.

La movilización logró ese mismo año en el Parlamento la aprobación de la Ley 17.550, promulgada luego por el presidente Jorge Batlle, «que devolvió la libertad de opción a jubilados y pensionistas para cobrar donde quisieran».

Sin embargo, a partir de esa fecha «se inicia el incumplimiento de la ley por acciones y obstáculos puestos por Myra Tebot».

Llegado 2003, Tebot y el presidente del Directorio Carlos Gasparri promueven la idea de pagar en el BPS «pero con cajeros automáticos», iniciativa que se derrumbó con la aprobación de una nueva ley que prohibió la instalación de los aparatos.

Ese año, Myra Tebot, denunció ATSS en su momento, «promueve ante la Presidencia el veto de la ley», otro hecho que también provocó multitudinarias movilizaciones. El Parlamento decidió entonces levantar el veto.

No obstante, a fines de 2003, Tebot y Gasparri promueven la cuestionada «consulta» al sistema financiero para «preguntar» si alguna institución estaría dispuesta a hacerse cargo de los pagos. *