Sutel denunció "acomodos políticos" y reclamó pago de haberes atrasados

El Sindicato Unico de Telecomunicaciones (Sutel) reclamó el reconocimiento de la deuda por concepto de reestructura funcional que comenzó en el 1998, y denunció designaciones de jerarcas que calificó como «acomodos políticos».

En una conferencia de prensa realizada ayer en Canelones, Sutel señaló que en 1999 se adelantó a cuenta a los trabajadores un 25%, pero se debe aún el 75%, y Antel no reconoce la deuda.

Según dijo a LA REPUBLICA el presidente de Sutel Julio Gonzalez no habría problemas por parte del gobierno de aceptar la propuesta, pero el directorio de Antel no lo ha aceptado.

El sindicato denunció dos casos de acomodo político: Mayra Salsamendi, presidenta de la Junta Local de Parque del Plata, quien ingresó como contratada por la temporada y trabaja en la regional Atlántida.

Ingresó por decisión del vicepresidente de Antel Simón Erlichman, pero el sindicato reveló que nunca concurre a trabajar.

La otra persona, Ana Laura Martinez, es de la regional Las Piedras. Ingresó el 15 de Diciembre pero el 5 de Enero fue denunciada por haber sustraído de caja 500 pesos: la jueza dispuso procesarla sin prisión y penarla por tres meses teniendo que concurrir a la comisaría.

«Esta señora cuidaba a la madre de Erlichman y decidimos dar a conocer a la opinión publica el caso, porque se manifestó por parte de Erlichman que iba ser todo lo posible por reincorporarla».

González advirtió que se continúa con las tercerizaciones y las privatizaciones contradiciendo la consulta popular del 13 de diciembre de 1992, que estableció la no privatización de Antel.

«En todos los call center, la supervisión queda en manos de empresas privadas», agregó. Por su parte, el secretario general del sindicato, Francisco García, agrego que Antel no tiene una política de salud ocupacional. «Es la unica empresa que no exige a sus funcionarios carne de salud; no hay ningún control».

«Esto está relacionado con un caso reciente de Tuberculosis que se detecto en Mercedes y se suma», según García, a » las condiciones en que trabajan muchos funcionarios, sin elementos de protección personal, o sin cobertura de emergencia móvil a nivel nacional». *