Congreso de COFE eligió nuevas autoridades y reclamó "una mayor participación del Estado"

La dirigente Carmen Galizzi, de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), ejercerá la presidencia de COFE al tiempo que Alfredo Silva, del mismo sindicato, actuará como suplente alterno. La Secretaría General será desempeñada por un dirigente del Sindicato Unico del Instituto Nacional del Menor (Suinm).

Las autoridades electas tomarán posesión de sus cargos durante una sesión del nuevo Secretariado Ejecutivo que se reunirá «en unas dos semanas» para definir la integración de las secretarías de prensa, interior, finanzas, internacionales y organización.

Las cinco secretarías recaerían sobre los siguientes sindicatos, correlativos al número de votos que obtuvieron: diques del Estado, Biblioteca Nacional, Ministerio de Industria, Energía y Mineralogía, departamento de Arquitectura y Obras del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

La primera sesión del nuevo Secretariado Ejecutivo definirá también los representantes de COFE ante el PIT-CNT y varias organizaciones mundiales de trabajadores. En los primeros lugares figurarían dirigentes de la FFSP, el Suinm y Aodamtop.

Durante el congreso participaron en forma permanente entre 112 y 125 delegados de un total de 142 habilitados. Sólo 18 delegados estuvieron ausentes porque no fueron mandatados por sus respectivos sindicatos. Los delegados habilitados sumaron 88,75%.

 

«Mayor participación del Estado» en «la transformación de la estructuras»

Los congresistas aprobaron un documento de «balance y perspectivas» que reclamó «una mayor participación» del Estado en «la transformación de la estructuras nacionales», en «la generación de puestos de trabajo», y en «la orientación del sistema financiero hacia la producción y no hacia la especulación». «¿Qué Estado necesitamos?», es la pregunta que tratarán de responder unas comisiones de trabajo que fueron creadas por el congreso para realizar un seguimiento de la reforma estatal, a la vez de reclamar una formación modernizada del funcionariado.

Según resolvieron, «a igual función» debe corresponderle «igual retribución».

 

Estableció objetivos «nacionales», «regionales» e «internacionales»

En lo nacional, la resolución reivindicó «fomentar la producción nacional», «eliminar la dependencia alimentaria», y «exportar productos con valor agregado de mano de obra», además de «una recuperación salarial» y reinstalación de la «negociación colectiva». Reclamó a su vez una «intervención del Estado» en la defensa del medio ambiente y los recursos naturales, así como en una pronta «reforma agraria», a través del Instituto Nacional de Colonización, «que no se limite a un simple reparto de tierras».

A nivel regional, el Congreso se pronunció por «una integración desde el punto de vista de los pueblos», y ya «no de los gobiernos y las transnacionales», para un mayor respeto de los «derechos sociales» y «laborales». Respecto al contexto internacional, la resolución aprobada rechazó «el bloqueo estadounidense a Cuba», «la agresión imperialista a Irak», «los continuos ataques a la democracia de Venezuela», «la militarización continental a través del Plan Colombia».

También repudió «el servilismo del gobierno uruguayo» frente al avance del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), y la constatada «extranjerización de la tierra mediante sociedades anónimas con fines especulativos». *