Batalla (COFE): "Tiene que haber confrontación entre la clase obrera y el gobierno de coalición"

Sostuvo el sindicalista que el considerando tercero del decreto del Poder Ejecutivo indica una cosa y luego cuando la Contaduría General de la Nación (CGN) elabora el instructivo se viola el criterio que se maneja en el decreto.

Batalla señaló que el próximo martes se levantará el cuarto intermedio en el cual se encuentra la asamblea de COFE. En este encuentro se definirá un plan de movilizaciones que contemplará y se complementará con las medidas que se resuelvan mañana en la Mesa Representativa del PIT-CNT.

«Una vez más el Poder Ejecutivo ha actuado unilateralmente decretando otra rapiña al poder adquisitivo de los trabajadores. Violentando, además, la negociación salarial solicitada y las conversaciones mantenidas el viernes 8 del corriente con el ministro Alejandro Atchugarry y con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) Ariel Davrieux»; sostuvo el dirigente gremial.

Y agregó que en lugar de convocar a COFE, cuando ya tenía definida la pauta salarial para el sector, se informa a través de los medios de comunicación que la misma será del 2% sobre la masa salarial. Dos días después se anuncia que a la administración central y a la ANEP se les incrementará un 6% el sueldo base.

El gremio, por su parte, entiende en primer lugar que la redacción del decreto 191/003 del 20 del corriente no concuerda con el instructivo Nº 5/003. «Ya que el decreto crea falsas expectativas entre los trabajadores, las que luego se ven frustradas porque se puede comprobar que se está ante una acción propagandística y demagógica que nada tiene que ver luego con la realidad».

Se agrega que al examinar el instructivo se comprueba que los trabajadores de la administración central sólo percibirán un 6% sobre los básico, que equivale a $ 48,56 en el sueldo básico del grado 1 y $ 140,33 como máximo para el grado 16.

Si le sumamos a esto la compensación máxima al grado y en los casos que algunos funcionarios tengan extensión horaria el incremento será de $ 60 o $ 200 como máximo para los grados superiores.

Por lo tanto, cuando se habla de corregir iniquidades en el considerando 3º del decreto se «falsea la realidad, produciendo un mayor deterioro en los salarios más sumergidos y un nuevo renglón para que la rapiña sea más feroz».

Batalla afirma que «una vez más por decreto se profundiza más la pérdida de poder adquisitivo. Por lo tanto, sólo queda la confrontación continua en pro de la estabilidad laboral, condiciones de trabajo y una rendición de cuentas que redistribuya recursos para los más sumergidos. Y, además, para que se termine con la desmantelación del Estado».

Salarios

En un estudio reciente del Instituto Cuesta-Duarte se indica que durante los noventa se ha producido un incremento mayor en los salarios reales de los trabajadores del sector público, que evolucionaron por encima de la trayectoria del salario real de los trabajadores del sector privado desde mediados de dicha década. Las remuneraciones reales de estos últimos trabajadores presentaron una trayectoria relativamente estable. Las dos series muestran pronunciadas caídas para el año 2002: del orden del 25%. Para el caso del sector público, los resultados generales pueden desagregarse según los trabajadores se desempeñen en la Administración Central, los gobiernos departamentales o las empresas públicas. Para 1999, la distribución de los funcionarios públicos siguiendo esta categorización.

Los funcionarios de la Administración Central han estado más expuestos a los vaivenes de las políticas restrictivas de los gobiernos desde el punto de vista fiscal. En este ámbito, el gobierno fija los salarios de modo unilateral y luego los informa a los trabajadores. En el resto de los casos, los trabajadores han logrado mejorar sus ingresos por la vía de acuerdos. Así, mientras la remuneración en la Administración Central ha caído un 13,5% respecto a 1989, la remuneración de las empresas se ha incrementado en 23%, y la de los gobiernos municipales se ha más que duplicado. En el caso de los Entes, el salto más relevante se produce en 1993, a partir de la firma del convenio salarial.

El salario ha sido la variable de ajuste para la baja del gasto público en la política de todos los gobiernos durante la democracia, se indica en el estudio.

Distribución de los trabajadores del sector público, según dependencia

Organismo	Cantidad	1999
Administración Central
Poder Legislativo	1,423	0.64%
Poder Ejecutivo	84,926	37.98%
Organismos art.220	65,116	29.12%
Entes aut. y serv. descent. (1)	35,923	16.06%
Gob. Departamentales	36,232	16.20%
Total	223,619	100.00%
Datos de Oficina Nacional de Servicio Civil – Fuente: Amarante, 2001.

(1) Los entes autónomos y servicios descentralizados comprenden UTE, BHU, OSE, ANC, Ancap, Pluna, AFE, BROU, BSE, BCU, Antel, BPS e Instituto Nacional de Colonización.