Gremios del Estado paran tres horas y le presentan plataforma a Atchugarry

La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) y la Mesa Sindical Coordinadora del Entes (MSC) darán a conocer hoy los motivos por los cuales se movilizan. En primer lugar las organizaciones reclaman la instalación inmediata de la mesa de negociación colectiva. A esto se le suma el pedido de la recuperación del poder adquisitivo perdido y por ello se solicita un ajuste salarial a partir del 1º de mayo.

El ajuste que se pide es a través de partidas fijas por franjas de ingresos: $ 2.000 para los sueldos de hasta $ 11.500 y de $ 1.000 para los sueldos mayores a esta cantidad. También se procura que los tiques de alimentación que ya se dieron se incorporen al salario y que sea retroactivo al 1º de enero del corriente.

La plataforma también contiene los siguientes puntos: defensa de la estabilidad laboral y contra la declaración de personal excedentario, la atención inmediata de la emergencia social que viven los uruguayos, el rechazo al «fraude» de la Corte Electoral, defensa del patrimonio nacional y la soberanía, y el rechazo a la venta o enajenación de los bienes del Estado.

Historia

En un documento elaborado por el Instituto Cuesta-Duarte del PIT-CNT se detalla cuál ha sido la pérdida salarial que han registrado los funcionarios públicos. Se señala que en 1993 los entes habían firmado un convenio que, en términos de sus salarios, les había permitido mantener el poder de compra al nivel de diciembre de ese año, fecha que se había tomado como base del convenio.

Al mismo tiempo dicho convenio habilitó a mejoras en otros órdenes como ser la incorporación de la partida de alimentación para quien no la tenía, los estudios de productividad, etc.

En el año 2002, se agrega, el gobierno decidió suspender el convenio y ajustar los salarios por decreto incorporando entes, administración central en un solo decreto. Ello significó en primer lugar que el ajuste que hubiera debido otorgarse en ese momento para los entes en base al convenio (valor salarial a diciembre de 1993, aproximadamente 1,5%) no se dio y significó el comienzo de la pérdida del salario real.

El ajuste de enero de 2002 de 1,5% apenas alcanzó para compensar esa cifra y por ende a partir del 1º de enero ya comenzó la rebaja de salarios.

El ajuste fiscal de mayo que aumentó el IRP significó una nueva pérdida de salarios, variable según tramo pero que estimamos en 1,5%, se indica en el estudio del Cuesta-Duarte.

Finalmente la inflación ocurrida en el año 2002 de 26% a final del año, significó una pérdida sin precedentes en la vida del país del orden del 20%. Es decir, todos los trabajadores públicos sufrieron una pérdida sustantiva de salario en el año 2002, informa el documento.

La Ley 16.093 de ajustes de salarios públicos a la que fueron incorporados los entes luego de eliminar por parte del gobierno el convenio, obliga a un ajuste que hubo que darse en agosto y que el gobierno no ha otorgado, denuncian los gremios del Estado.

Antecedentes

Con respecto al presente año es sostiene que en febrero y abril los trabajadores públicos recibieron partidas en tiques de alimentación que significaron un aporte de 500 pesos por mes. «Reivindicamos que dicha partida, en primer lugar se transforme en permanente y en segundo lugar se incorpore al salario como dinero. En ese caso nuestro reclamo será de 1.500 pesos de partida en el primer tramo que, sumado a la incorporación en dinero del tique totalizará los 2.000 y así para cada tramo».

En segundo lugar esta propuesta cuesta dinero, en el caso de los entes «nosotros mismos planteamos aportes al financiamiento a través de propuestas de reducción de gastos y mayor eficiencia en cada organismo».

Se agrega que «en términos globales reclamamos que el financiamiento de esta propuesta (220 mil trabajadores públicos a promedio 1.650 pesos por mes más cargas sociales y aguinaldo durante 9 meses de 2003) cuyo costo es levemente superior a los 100 millones de dólares, se financie con parte del excedente que el gobierno dejará de gastar en pago de la deuda externa, como resultado de la reprogramación de deuda anunciada en estos días.

En 2002 había que pagar casi 1.500 millones de dólares de amortizaciones de deuda, por lo cual el pago de esta mejora salarial es totalmente financiable».

Recuerda los gremios que, «como lo hemos dicho insistentemente esta propuesta aumenta de manera notoria los ingresos del Estado.

Dado que la mayor parte del aumento por ser los salarios más bajo se destina de manera inmediata al consumo, generando ingresos por impuestos y creación de empleo en el sector productor y comercializador de bienes y con ello aumentan los ingresos de la seguridad social y se reducen los pagos por seguro de desempleo». *